La Procuraduría General de la Nación pidió al Consejo de Estado confirmar la sentencia de primera instancia y negar las súplicas de la exgerente de la Triple A, Julia Margarita Serrano Monsalve, de dejar sin efecto y valor alguno la anotación de la sanción en la hoja de vida, así como la orden de pago producto de la misma y el levantamiento de los antecedentes disciplinarios.
En primera instancia, la exgerente fue sancionada en 2018 con una multa de $2 mil 140 millones y una inhabilidad de seis años, fallo que fue apelado; en la segunda se confirmó el rubro económico a pagar y redujo a cuatro años el periodo inicialmente fijado.
La Delegada de Intervención Segunda ante el Consejo de Estado adujo que lo fallado está acorde “con el derecho internacional e interno en lo que concierne a un evidente acto de corrupción que fue debidamente sancionado”.
Contrario a lo expuesto por Serrano Monsalve, la entidad confirmó que en ningún momento hubo violación al debido proceso y su derecho a la defensa y que “estaba demostrado y aceptado por la misma investigada, la ocurrencia de la conducta irregular mediante versión libre contenida en el escrito presentado el 16 de mayo de 2018”.
De igual manera, señaló que fue ella misma quien reconoció que permitió que Inassa se apropiara de recursos pertenecientes al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, lo que ratifica la configuración de la falta disciplinaria.
Finalmente, la Procuraduría desvirtuó la falta de competencia para dictar fallo de segunda instancia y una supuesta indebida notificación al no haber sido presentadas constancias ni pruebas que permitieran a Serrano sustentar dichas afirmaciones; por el contrario, la acción disciplinaria se ejerció dentro del marco legal y constitucional y la sanción disciplinaria se encuentra debidamente motivada.
