la ciudad de Barranquilla, inició este lunes 16 de septiembre, la primera audiencia pública sobre tarifas de energía para el Caribe, ordenada por el Tribunal del Atlántico, que falló una acción popular presentada por los personeros de Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.
En estos encuentros que se darán, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) escuchará a los representantes regionales de diferentes sectores, sobre la problemática que aqueja a los usuarios de Air-e y Afinia, que pagan las facturas de luz más costosas del país.
Paralelo a eso, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, reveló que este lunes se encuentra reunido con Carlos Diago, quien desde la semana pasada asumió con interventor de Air-e, luego de que Superservicios tomara posesión administrativa de la empresa que presta el servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
“A esta hora reunido con Carlos Diago, interventor de @Aire_Energia, hablando de las tarifas de energía. Pronto vendrán buenas noticias”, anunció en sus redes sociales el mandatario barranquillero.
Entretanto, la Procuraduría, que también asumió la vigilancia a dicha intervención, Como parte de las funciones preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía, le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de la medida adoptada.
A través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el ente de control pidió a Quiroga aclarar, con base en qué estudio técnico se le solicita a la Creg concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e; además, en cuáles causales de la Ley 142 se apoya.
En el oficio, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e. Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la Opción Tarifaria.
La Procuraduría urgió información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores: pérdidas, recaudo y calidad del servicio.
Finalmente, el oficio recordó que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio.
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