La tutela que la Unión Temporal Centros Poblados presentó contra el Ministerio de las TICs fue declarada improcedente por el Juzgado Octavo de Barranquilla.
En dicha tutela, Centros Poblados exigía anular la cancelación del contrato por más de un billón de pesos realizado por el MinTIC, luego que se revelaran irregularidades en la ejecución del mismo por parte de la firma contratista.
A través de la acción legal, Centros Poblados alegaba que el MinTIC le había violado su derecho al debido proceso, por anular el contrato de manera unilateral. Los representantes del contratista aseguraron que no se les permitió defenderse de las acusaciones que les hizo el Gobierno.
Del contrato en mención, el Ministerio realizó un adelanto de 70.000 millones de pesos al contratista, pero se descubrió que las pólizas bancarias entregadas para avalar la adjudicación a Centros Poblados eran falsas, por lo que el MinTIC decidió cancelar el acuerdo con la Unión Temporal.
Cabe recordar que los 70.000 millones de pesos pagados por adelantado eran para que Centros Poblados comenzara a conectar a Internet a cientos de colegios de zonas rurales del país.