El coronel retirado del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó este martes su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en la región Caribe, decisión que lo expone a una sanción de entre cinco y ocho años de prisión dentro del régimen de justicia transicional, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Figueroa se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, unidad militar vinculada a hechos en los que civiles fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, práctica conocida como falsos positivos. Inicialmente, el oficial en retiro no aceptó los cargos, lo que habría implicado una pena ordinaria de hasta 20 años de cárcel; sin embargo, realizó un reconocimiento tardío de responsabilidad, lo que le permite acogerse a las sanciones alternativas previstas por la JEP.
Durante la diligencia judicial, Figueroa manifestó que incurrió en omisiones de mando, al no advertir que las operaciones militares bajo su dirección fueron transformadas por subordinados en acciones criminales contrarias a la Constitución y la ley.
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El proceso continuará con una audiencia programada para el 24 de marzo, tras la cual se definirá la sanción correspondiente. El excomandante fue acusado en noviembre de 2023 por 24 hechos que dejaron al menos 38 víctimas, incluidas 11 desapariciones forzadas y nueve casos de tortura, ocurridos entre enero de 2004 y julio de 2005.
Las investigaciones señalan que varias de las víctimas eran civiles en condición de vulnerabilidad, entre ellas integrantes de los pueblos wiwa y kankuamo, quienes habrían sido estigmatizados por miembros de la unidad militar.
En este mismo contexto, la JEP recordó que el coronel retirado Publio Hernán Mejía, también perteneciente al Batallón La Popa, fue condenado en diciembre pasado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con 72 casos de falsos positivos en Cesar y La Guajira.
