La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reiteró la alerta del ente de control frente a las graves afectaciones económicas para el país, por la expedición y entrada en vigencia del Decreto que establece la prohibición a las exportaciones de carbón a Israel firmado por el Gobierno Nacional.
Durante su intervención en el Congreso Nacional de Exportadores organizado por Analdex en Barranquilla, la jefe del Ministerio Público reincidió en la inconveniencia del Decreto y en los reparos del impedimento de las exportaciones, las cuales representan 650 mil millones de pesos anuales en regalías, impuestos y contribuciones, que benefician especialmente a La Guajira y Cesar, departamentos que dejarían de recibir 100 mil millones de pesos.
“Es sabido que el decreto ya fue expedido pero es nuestra función hacer las advertencias. El carbón colombiano es vital para nuestras finanzas. La prohibición de exportación debe ser analizada a fondo para evitar impactos negativos”, comentó.
Cabello Blanco fue enfática en referir que se necesita actuar con coherencia frente a un panorama que pide acciones concretas para una reactivación económica y no por el contrario, medidas que afecten la libertad de empresa y el comercio internacional.
“La prohibición de exportación no garantiza la seguridad nacional, la soberanía alimentaria, ni garantiza la protección de la industria y del mercado ¿Cómo se van a compensar estas pérdidas de ingresos para el Estado colombiano cuando todos sabemos la situación económica en la que nos encontramos?”, mencionó la procuradora.
Finalmente expresó que a través de su Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, la Procuraduría envió sus comentarios al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, precisando que, si bien el Estado tiene la facultad de intervenir en la economía en aras del bien común supremo, la medida no es idónea ni proporcional para lograr dicho fin.
