El Juzgado Primero Penal del Circuito de Valledupar condenó a Soraya Cristina Pinto Borrego y a Gregorio Ignacio García Cárcamo, exalcaldes (e) de Becerril, a 79.56 meses de prisión y pago de una multa de $1.908’384.000, tras ser encontrados responsables de los delitos de peculado por apropiación, agravado y contrato de sin cumplimento de los requisitos legales.
Por las mismas conductas punibles fueron imputados Edna María Henríquez Arellanos, representante legal de la unión temporal Inversumnistros Samil, quien tenía la responsabilidad del desarrollo administrativo y Sergio Rafael Acosta Díaz a título de intervinientes. Estas personas fueron condenadas a 60.84 meses de prisión y al pago de una multa de 1.431’288.000 pesos.
El juzgado también sentenció a Darlyn Bueno Contreras, hermana de la alcaldesa titular de la época a 64.8 meses de prisión y al pago de 1.431’288.000 millones de pesos como multa, quien habría intervenido y direccionado los contenidos del acuerdo.
Todos los procesados fueron imputados por los mismos delitos y admitieron su responsabilidad.
La investigación
En diciembre de 2010, Pinto Borrego, como alcaldesa (e) de la localidad, celebró un acuerdo con la unión temporal con el objeto de construir 180 viviendas de interés social tipo 1. El municipio aportaría 3 mil millones de pesos y concedería subsidio a 100 familias por 25’353.728 pesos.
Sin embargo, la Fiscalía pudo establecer que en abril del 2011 Gregorio García Cárcamo, como alcalde (e) de Becerril, modificó parcialmente el acuerdo suscrito por Pinto Borrego y dispuso que el terreno ofrecido en donación fuera cambiado por uno de menor extensión, aduciendo que el primer lote no era apto para la construcción.
Además, el ente demostró que en agosto del 2011 García Cárcamo adicionó al proyecto $180’460.000 con el pretexto de adelantar obras urbanísticas, alcanzando la cuantía de los 3.180’460.000 pesos.
“El cambio de terreno “Tierra Santa”, tuvo como aspecto defraudador el que la compra del segundo lote “La Esperanza” propuesto para el proyecto se adelantó con un representante de la unión temporal por 210’000.000 pesos. El dinero de la compra fue aportado por el municipio, lo que muestra que el compromiso de la unión temporal no fue satisfecho”, dijo la Fiscalía.
En ese sentido, el material probatorio evidenció que solo se construyeron 100 viviendas de mala calidad, a tal punto que no cumplieron con las normas urbanísticas, causando un detrimento por el valor del convenio incluyendo su adición.
