Los elementos de prueba presentados y los argumentos expuestos por un fiscal de la seccional Magdalena, fueron suficientes para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento intramural en contra de tres personas investigadas por los delitos de concierto para delinquir y extorsión ambos agravados.
El ente acusador reveló que Jhon Jairo Macías Pedrozo, Mateo Arias Piedrahita y Kevin David Arias Amarís, serían integrantes de la organización delincuencial Clan del Golfo en la que tendrían roles definidos como jefe urbano y cobradores de extorsiones, respectivamente en Santa Ana, Guamal, El Banco y San Sebastián (Magdalena).
En los citados municipios estarían desplegando acciones de tipo extorsivas en contra de ciudadanos, comerciantes, ganaderos dueños de establecimientos comerciales y empresas de construcción. Los hechos que se investigan habrían ocurrido desde el 2022 a la fecha.
A su vez, las labores investigativas dieron a conocer que los procesados, al parecer, exigirían más de 12 millones pesos mensuales para que las víctimas pudieran trabajar o en caso contrario atentarían contra su vida, la de sus familiares o sus negocios.
Unidades adscritas al Gaula de la Policía Nacional materializaron su captura en flagrancia el 28 de julio en curso, en el municipio de Mompox (Bolívar), en momentos en que recibían la suma de un millón de pesos que se presume sería producto de una extorsión.
Luego de las audiencias concentradas, donde no se allanaron a cargos, un juez penal de Santa Marta los envió a prisión.
Los elementos de prueba presentados y los argumentos expuestos por un fiscal de la seccional Magdalena, fueron suficientes para que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento intramural en contra de tres personas investigadas por los delitos de concierto para delinquir y extorsión ambos agravados.
El ente acusador reveló que Jhon Jairo Macías Pedrozo, Mateo Arias Piedrahita y Kevin David Arias Amarís, serían integrantes de la organización delincuencial Clan del Golfo en la que tendrían roles definidos como jefe urbano y cobradores de extorsiones, respectivamente en Santa Ana, Guamal, El Banco y San Sebastián (Magdalena).
En los citados municipios estarían desplegando acciones de tipo extorsivas en contra de ciudadanos, comerciantes, ganaderos dueños de establecimientos comerciales y empresas de construcción. Los hechos que se investigan habrían ocurrido desde el 2022 a la fecha.
A su vez, las labores investigativas dieron a conocer que los procesados, al parecer, exigirían más de 12 millones pesos mensuales para que las víctimas pudieran trabajar o en caso contrario atentarían contra su vida, la de sus familiares o sus negocios.
Unidades adscritas al Gaula de la Policía Nacional materializaron su captura en flagrancia el 28 de julio en curso, en el municipio de Mompox (Bolívar), en momentos en que recibían la suma de un millón de pesos que se presume sería producto de una extorsión.
Luego de las audiencias concentradas, donde no se allanaron a cargos, un juez penal de Santa Marta los envió a prisión.
