En un operativo desarrollado por personal especializado de la empresa Air-e, se detectaron 418 transformadores instalados ilegalmente durante 2024 en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira. Estos equipos, colocados sin autorización, alimentaban a usuarios residenciales, comerciales e industriales, generando pérdidas económicas anuales estimadas en $8.590 millones, equivalentes a $715 millones mensuales o más de $23 millones diarios.
La instalación ilegal de estos transformadores no solo afecta las finanzas de la compañía, sino que también pone en riesgo la calidad del servicio de energía y la seguridad de los usuarios. Según las autoridades, los equipos carecían de certificación Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas) y no cumplían con las normas técnicas, lo que representa un grave peligro para las comunidades.
Del total detectado, 210 transformadores fueron hallados en los últimos cuatro meses de 2024, lo que evidencia la magnitud del problema. Además, se estableció que la energía hurtada, correspondiente a 9.8 gigavatios hora por mes, habría sido suficiente para abastecer a 3.288 familias de estratos 1 y 2 en ciudades como Barranquilla.
Entre los municipios con mayor incidencia figuran Santo Tomás, Tubará y Sabanagrande, en el Atlántico, así como Zona Bananera, en el Magdalena. Adicionalmente, las investigaciones revelaron que 13.436 usuarios estaban conectados a la red de forma ilegal, accediendo al servicio sin contratos ni facturación.
La empresa reiteró su compromiso de seguir trabajando en la detección de conexiones irregulares para garantizar un suministro eléctrico seguro y equitativo en la región Caribe.