Plantean reapertura del Caimeg ante la falta de un sitio en La Guajira para atender a menores infractores

La sede del Centro de Atención Integral para Menores Infractores de La Guajira se encuentra ubicada en el barrio Arriba de Riohacha.

La Guajira
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La situación de los menores infractores vuelve a resurgir en el departamento de La Guajira, puesto que en lo que va del año, alrededor de 50 adolescentes han sido detenidos y no cuentan con un lugar donde permanecer.

La problemática fue analizada durante el encuentro que el mandatario (e) de los guajiros, Wilbert Hernández Sierra, sostuvo con los actores relacionados con el tema de responsabilidad penal para adolescentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf–, alcaldes y otras entidades.

Gabriel Benítez, director del Icbf Regional La Guajira, dio a conocer detalles a los periodistas del Noticiero Cardenal de La Guajira, tras la reunión que presidió con el gobernador encargado.

Aseguró que es un tema bastante “complicado” porque cada vez hay más adolescentes infractores de la ley y no tienen dónde ubicarlos.

“No los podemos tener en un hotel, no los podemos meter a la cárcel, no los podemos tener en cualquier lugar, es una situación muy difícil que no hemos logrado sacar adelante”, dijo el director regional del Icbf.

Benítez manifestó que aunque La Guajira tiene convenio con los centros especializados para jóvenes en Bolívar y Córdoba, a veces se torna difícil encontrar espacios allá, porque “se encuentran en la misma situación”.

“Es muy difícil encontrar quien los atienda, ¿a dónde los mandamos? La Policía no se puede quedar con ellos, no sabemos qué hacer, es una preocupación muy grande que tenemos nosotros”, señaló.

El funcionario contó que recientemente un joven estuvo tres días hospedado en un hotel con uniformados de la Policía, pero “eso no puede pasar más”.

“Nosotros tenemos que tener unos espacios para ellos, además la Policía no puede estar en ese asunto, tampoco cuando nos llaman a media noche diciendo que tienen a un menor de edad y no saben qué hacer, eso nos quita el sueño”, apuntó.

Refirió que los jueces de Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar, encargados de esos asuntos, también están muy preocupados.

“No tenemos forma de que los municipios aporten para la construcción de un espacio.

Ahora también el Gobierno departamental está interesado en esto, pero no es tan fácil, no es cosa de pocos días”, agregó.

Caimeg, una opción

El funcionario fue enfático al decir que tienen pensado volver a poner en funcionamiento el Centro de Atención Integral para Menores Infractores de La Guajira –Caimeg–, ubicado en el barrio Arriba de Riohacha.

“Estamos pensando volver a esos espacios que están al final de la calle Ancha con Circunvalar pero los vecinos pusieron sus quejas porque les quebraban los techos, las ventanas, los vidrios de los carros, hay una demanda contra el Distrito y la Gobernación, que se comprometieron en indemnizarlos”, afirmó.

Añadió que “con el anterior gobernador habíamos llegado a un acuerdo de que ellos iban a iniciar el proceso de socialización con los habitantes del barrio Arriba, pero eso no se ha hecho”.

Sin embargo, expresó, que para lograrlo tienen pensado arreglar el Caimeg, “para que no puedan hacer esas cosas y volver allí porque no tenemos de otra”. Construcción de otro centro

Gabriel Benítez sostuvo, además, que construir otra edificación cuesta casi 14 mil millones de pesos y se demora dos o tres años, y la situación amerita de una solución a corto plazo.

Aseveró que durante el encuentro con el gobernador encargado Wilbert Hernández, quien manifestó estar dispuesto a colaborar en la búsqueda de una solución, tocaron varias posibilidades, entre ellas la construcción del nuevo centro en la salida a Valledupar.

“Nosotros iniciamos ese proceso hace varios años pero fue el mismo Icbf el que hizo observaciones en el diseño, se mandaron a hacer correcciones pero con esas correcciones sale muy alto el costo y las cosas se han quedado allí y no se toma ninguna decisión ni aquí ni allá”, reveló.

El director del Icbf en La Guajira estaría viajando a Bogotá donde espera entrevistarse con las personas que están a cargo de este tema en la sede nacional de la entidad.

“Debemos estudiar como reactivamos el tema de la nueva construcción, porque ellos dicen que el diseño es muy caro, alrededor de los 100 millones de pesos, entonces hay que buscar el recurso para que se haga de nuevo, porque se debe hacer algo, no nos podemos quedar tranquilos porque esta situación se nos está saliendo de las manos y necesitamos resolverla”, apuntó.

Al final dijo que la Procuraduría está a punto de intervenir y sancionar, porque “están cansados de impulsar este asunto y que las cosas no arranquen”.

Comité se reunirá en agosto

Actualmente los jóvenes procesados deben ser remitidos a departamentos como Córdoba, Santander o Bolívar, debido a que La Guajira no cuenta con centros para surtir las tres fases del proceso: transición, investigación y sanción.

Cabe mencionar que los centros transitorios y de internamiento preventivo que deberían tener las cabeceras municipales que hacen parte del circuito (Riohacha, Maicao y San Juan del Cesar) no se encuentran en funcionamiento o no existen.

En ese sentido, el gobernador (e) junto al Icbf convocarán a los alcaldes y cada una de las entidades que conforman el Comité Departamental de Responsabilidad Penal Adolescente, a fin de dar prioridad y viabilidad en temas logísticos y de recursos.

En la primera semana de agosto será el segundo Comité de Responsabilidad Penal Adolescente del año y desde allí se deberá priorizar esta iniciativa.

Al mismo tiempo, insistirá a cada uno de los municipios abordar este tema como uno de los más álgidos para el Departamento en lo que tiene que ver con adolescencia y juventud.

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