Miembros del Concejo de Maicao tienen en la mira el recaudo del mercado público

Landys Rambal, quien se desempeña como contadora y secretaria de Hacienda encargada, asistió a la citación.

La Guajira
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Con anuncios de demandas ante los organismos de control, culminó el debate de control político que el Concejo de Maicao le adelantó la mañana de ayer a la secretaria de Hacienda.

A la citación asistió Landys Rambal, quien se desempeña como contadora del municipio y jefa de Hacienda encargada, por vacaciones de la titular de la cartera, Lauren Gutiérrez.

Las respuestas de la funcionaria más que aclarar, según el cabildo, dejó serias dudas y gran preocupación, porque consideran que vienen “dándole malos manejos a los recursos públicos”.

La respuesta que prendió las alarmas de los concejales fue la número 6, en la que le preguntaron a cuánto se eleva lo recaudado en el mercado público hasta el mes de abril de 2019.

“Nos mostró un cuadro discriminando los meses y lo recaudado en cada uno hasta abril. En ese mismo cuadro en enero observamos que en el mercado público no se recaudó un solo peso, he ahí donde vemos que se puede estar configurando un presunto peculado por apropiación, ya que tenemos pruebas físicas (facturas) canceladas por las colmenas en ese mes”, manifestó un cabildante.

Agregaron que, según lo recaudado en el mercado público, cada mes tiene un promedio de 300 mil pesos, lo que equivaldría un promedio de 300 puestos, ya que el cobro por colmenas, carretillas, camionetas de pescado, cerdo y mesas, es de 1.000 pesos.

“En el año anterior como concejal y un grupo de estudiantes de Uniguajira adelantamos un censo en el mercado público y nos arrojó alrededor de 700 locales a los que se les cobra impuesto en la plaza de mercado; qué se hace entonces el recurso restante, a dónde va a parar”, cuestionó el concejal Emiro Ospino.

Otro tema que dejó mucha preocupación fueron las adiciones y traslados presupuestales.

“Ahí tenemos otro tema de preocupación y es que el estatuto orgánico del presupuesto dice que para el alcalde hacer adiciones y traslados debe tener facultades del Concejo municipal”, comentó Carolina Urieta, a la vez que agregó que este año el burgomaestre José Carlos Molina “no ha solicitado facultades para tal fin”, por lo que podría incurrir en el delito de prevaricato por acción.

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