La Guajira bajó en el índice de corrupción en el país, de acuerdo al informe de Transparencia por Colombia

La Guajira
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En el nuevo informe de la Corporación Transparencia por Colombia ‘Así se mueve la corrupción: una radiografía de los hechos de corrupción en Colombia 2016-2018’, se identificaron 327 sucesos de corrupción reportados por la prensa nacional y regional en los 32 departamentos del país.

La medición corresponde a enero de 2016 y julio de 2018.

De esas cifras alertadas por el Monitor Ciudadano, se desprende que el 69% de los hechos son de alcance municipal, el 25% de nivel departamental y un 6% correspondieron a actos de alcance nacional. El proceso de sistematización refleja únicamente los datos de los registros periodísticos encontrados y posteriormente sistematizados.

Los datos evidencian que en los cinco departamentos con mayor población del país se concentra el 45% de los hechos de corrupción recopilados. Estos fueron Santander, Atlántico, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. En cuanto a ciudades capitales, el 29% de los hechos se encontraron en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Medellín.

Esa cifra indica que La Guajira ocupa el puesto 12, es decir, dejó de encabezar el ranking de los departamentos más corruptos del país.

De acuerdo al tercer informe de Monitor Ciudadano, la corrupción afectó en gran medida al sector público. La radiografía del país detectó en su mayoría hechos de corrupción administrativa (73%), corrupción privada (9%) y corrupción judicial (7%) como los que más se reportaron entre enero del 2016 y julio del 2018.

De los hechos asociados a corrupción administrativa siguen siendo las irregularidades en los procesos de contratación pública el principal problema, ocupando el 46% de los hechos de este tipo.

El informe revela, también, que más de la mitad de los hechos de corrupción reportados por la prensa afectaron los sectores de educación (16%), infraestructura y transporte (15%), salud (14%) y función pública (12%). Preocupa que a los tres primeros se destina la mayor parte de los recursos públicos y determinan en mayor medida el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.

Actores vinculados en corrupción

Se precisa en el documento que dentro del total de actores individuales involucrados que recopiló el Monitor Ciudadano se evidencia que el 39% fueron funcionarios públicos y el 30% autoridades electas por voto popular.

De dichas autoridades electas, el 81% fueron concejales (41%) y alcaldes (40%). En cuanto al total de actores colectivos vinculados a hechos de corrupción, el 69% corresponden al sector privado, en donde aparecen empresas (70,4%), lo cual demuestra la corresponsabilidad contundente que ha adquirido el sector en hechos de corrupción.

Los cuatro delitos más cometidos

Peculado (18%), celebración indebida de contratos (13%), falsedad en documento público (12%) y concierto para delinquir (11%) fueron los delitos más cometidos en los hechos de corrupción identificados por el Monitor Ciudadano.

Asimismo, en cuanto a los tipos de investigación de los actores involucrados, se registra que el 71% fueron de tipo penal, 21% de carácter disciplinario y el 8% de tipo fiscal.

El Monitor Ciudadano también calculó el promedio de años que tardó la aplicación de condena, sanción disciplinaria y/o fiscal para los actores involucrados en los hechos de corrupción. Los resultados demostraron que la sanción fiscal tardó en promedio 4,4 años; la condena penal en promedio 4,2 años y la sanción disciplinaria un tiempo promedio en emitirse de 3,3 años.

Las ciudades donde se registra la mayor cantidad de hechos son Bogotá (7%), Barranquilla (7%), Bucaramanga (6%), Cartagena (6%) y Medellín (3%).

Los municipios son las entidades territoriales donde se realiza la mayor parte de la inversión del país. La razón no es otra: los ciudadanos viven allí, desarrollan sus actividades y construyen su bienestar.

Los municipios, en su mayoría, cuentan con administraciones de baja capacidad de gestión, expresadas en déficit de los procesos de planeación y alta dependencia del clientelismo como forma de gestionar el empleo público.

Así las cosas, los corruptos tienen mayores oportunidades para incidir y capturar decisiones administrativas, ya sean relacionadas con contratación de bienes y servicios o estatutos de uso del suelo, por ejemplo.

La gráfica 2 muestra que es en las regiones Caribe, Centro Oriente y Pacífica donde se presenta el 79% de los hechos de corrupción reportados por la prensa. Departamentos de estas regiones como Santander, Atlántico, Valle del Cauca y Bolívar concentran el 39% de estos hechos; y es en estos departamentos donde se concentra gran parte de la población colombiana.

 

Son prioritarios en su aporte al Producto Interno Bruto y cuentan con una mayor capacidad gerencial y competencias en el manejo presupuestal de recursos públicos. Los resultados muestran un mayor reporte de hechos de corrupción en las zonas Centro y Norte del país en comparación con otras regiones como Orinoquía y Amazonía.

De esta manera, la acción de la sociedad, el Estado y los gobiernos (nación, departamentos y municipios), en términos de la lucha contra la corrupción, debe estar orientada a proteger los recursos del erario, en especial la cuantiosísima suma que se invierte a través de la contratación pública.

Varias han sido las reformas administrativas y legales que se han adelantado al respecto, sin embargo, adolecen de un enfoque anticorrupción, es decir, las reformas se han concentrado en hacer el proceso: más transparente (lo cual no garantiza que no habrá corrupción) y más eficiente y eficaz (en términos de conectar la oferta y la demanda y de garantizar economía en los recursos que invierte el Estado).

Desde una lógica anticorrupción es necesario fortalecer el sistema de contratación estatal, lo cual va de la mano del robustecimiento de la capacidad de gestión del Estado, tanto en el nivel central como en el territorial. Solo así se podrán evitar los hechos de corrupción que se han planteado en el presente informe.

Los ajustes institucionales que optimicen la lucha contra la corrupción deben contemplar de manera integral temas como: diseñar un estatuto de contratación, desarrollar modelos de gestión que le apuesten a la integridad, garantizar un servicio público basado en el mérito y la idoneidad, las entidades líderes de política deben ejercer su rol, aumentar los sistemas de detección, prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción

Finalmente, es necesario señalar que en la contratación pública las víctimas de la corrupción son claramente identificables: desde la entidad pública hasta los beneficiarios de las acciones, lo cual obliga no sólo a emprender medidas contundentes y eficaces por parte de los órganos de control en el logro de sanciones punitivas a los corruptos, sino también avanzar hacia el reconocimiento de la afectación social que generan distintas formas de corrupción. Este fenómeno, al igual que el conflicto armado, ha generado y genera víctimas, por lo cual se deben proyectar esfuerzos concretos para el resarcimiento material e inmaterial del daño causado por estos hechos.

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