La Corte amparó los derechos fundamentales a la supervivencia, identidad cultural, autonomía y asociación de 63 comunidades accionantes y del pueblo wayuú.

Las asociaciones de autoridades tradicionales, cabildos gobernadores y autoridades tradicionales, no son originarias de la forma de organización del pueblo wayuú, sino que fueron creados por el Estado en un intento de poder relacionarse con la etnia ante una realidad fáctica.

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