En el marco de la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –Pdet– de la subregión Sierra Nevada – Perijá, el director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, informó que presentaron una demanda para recuperar territorio ancestral del Resguardo Indígena de Caicemapa.
Según el funcionario, la presentación de la demanda es un proceso de acompañamiento en la tarea orientada a reivindicar los derechos territoriales, culturales y económicos de esta comunidad que espera recuperar 684 hectáreas para 501 familias y que son consideradas territorio ancestral.
“Dentro de las afectaciones se encuentran abandono; confinamiento; afectaciones a la relación sociocultural con el territorio y los sitios sagrados, a la autonomía, a la autodeterminación y al gobierno propio, entre otros aspectos. Trabajamos por la pervivencia de estas comunidades y sus costumbres”, afirmó Claudia Manotas, directora de la entidad en Cesar y La Guajira.
Con la presentación de la demanda, la Unidad continúa acompañando a comunidades étnicas en todo el país; en esa zona ha restituido 16.282 hectáreas en ruta étnica.
En primer lugar, falló la sentencia de Nuevo Espinal que ordenó la restitución de más de 422 hectáreas y beneficia a 64 familias. Así mismo ocurrió con la sentencia indígena Yukpa de Iroka que ordenó la restitución de más de 13.017 hectáreas y beneficia a 1015 familias.
Igualmente ocurrió con el Resguardo Menkue, Misaya y La Pista (Yukpa), que ordenó la restitución de más de 380 hectáreas y beneficia 267 familias y con la comunidad indígena Ette Enaka asentada en las regiones de Sabanas de San Ángel, Santa Marta, El Copey, Valledupar en el que se ordenó la restitución de 2.463 hectáreas y favorece a 360 familias.
Cabe recordar que las comunidades del resguardo indígena de Caicemapa, ubicado en la zona rural de Distracción, enfrentó las amenazas, los hostigamientos y la masacre ocurrida el 25 de febrero de 2003, en el que fue asesinada Rosa Antonia Pushaina, una de sus autoridades y lideresa.
Esta situación generó una permanente vulneración de derechos y libertades, especialmente en la movilidad por la zona, uso, ocupación y apropiación del territorio y, con ello, la inhibición de sus prácticas culturales, económicas, políticas y ancestrales.
