Desde el pasado viernes se mantiene una protesta en las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf– por parte de las comunidades wayuú, las cuales exigen a la entidad que presente el listado de los operadores seleccionados y así ellos poder determinar cuál es el mejor para el bienestar alimenticio de los menores de La Guajira.
El director encargado del Icbf Regional Guajira, Álvaro Gómez Trujillo, aseguró que el día viernes fue retenido en la institución de manera ilegal, ya que los manifestantes no lo dejaron salir de la sede.
“Cuando llegué a trabajar me encontré con el bloqueo por parte de los indígenas. Tratamos de que se diera un diálogo para que los funcionarios pudieran entrar, pero no se pudo. En una de las rondas que le hice al Instituto, pude ingresar allí por mis propios medios, no violé ninguna seguridad. Además, traté que los funcionarios entraran, pero no fue posible. Tampoco nos dejaron salir y así estuvimos todo el día”, relató el director de la entidad, en diálogo con los periodistas del Noticiero Cardenal Stereo.
En ese sentido, sostuvo que casi a las 10 de la noche cuando pretendía retornar a su hogar, fue insultado, por lo que se vio en la obligación de llamar a la Policía y al Gaula del Ejército.
Por otra parte, Álvaro Gómez Trujillo aseguró que cada año se presenta una protesta por el problema del operador. “Nosotros garantizamos que una vez se haga la contratación nos sentamos con los operadores y las comunidades a concertar los menús, y que estos sean obviamente los que están definidos por los usos y costumbres de la etnia”.
Igualmente, añadió que el Icbf define la contratación a partir de una revisión “exhaustiva de la operación y de un sistema de información que tiene la entidad”, en la cual se registran las evidencias de supervisión y seguimiento, lo que “nos da un resultado de índice de desempeño y con eso trabajamos para evitar que de manera subjetiva se tomen las decisiones y se escojan los operadores”.
Así mismo, Gómez Trujillo agregó: “Este tema no es así de fácil, nosotros tenemos un proceso de selección y el Estado es el que toma la decisión de escoger el operador. Ellos hicieron una propuestas y también llevaron unas organizaciones, pero lo que no podemos permitirles es que nos digan cuál operador elegir porque hay un proceso de valoración que no nos podemos saltar”.
Además, aseveró que “hay que tener en cuenta que el lineamiento del Icbf permite que se concerte con las comunidades y lo estamos acatando”.
Reacciones por la protesta
El diputado Genaro Redondo, afirmó que desde la Asamblea ven con mucha preocupación como desde el Icbf Nacional no se han tomado medidas en La Guajira para que exista un director en propiedad como en otros departamentos.
“Esto permite que cada año se presenten estas manifestaciones porque casualmente, cada vez que hay una contratación directamente de Bogotá mandan unos encargados que no conocen concretamente la realidad de la región”, acotó el asambleísta.
Asimismo, fue categórico al decir que los funcionarios “trabajan a puerta cerrada, cuando esto debe ser un trabajo mancomunado con la comunidad guajira, pero más allá de eso, siempre cuando van a hacer las contrataciones, días antes retiran del puesto al que está, llega la persona que va a contratar, hace la gestión y se regresa a Bogotá. Esto es algo que crea inconformidad”.
Del mismo modo, precisó el diputado que se debe ser “responsable” con las medidas que se están tomando en La Guajira, ya que “no pueden mandar a funcionarios para que afronten una situación tan caótica, entendiendo que existen una medidas cautelares. Nuestros niños se siguen muriendo y no es posible que el Gobierno y el Icbf no convoquen a un concurso de mérito, para que exista un director en propiedad”.
Genaro Redondo afirmó que el último director que estuvo a cargo de la entidad en el Departamento fue Edwin López, quien hoy se encuentra en la Procuraduría, y que a él también lo sacaron de sus funciones.
De la misma forma, hizo un llamado al presidente Iván Duque para que se apersone de la situación, ya que esto les está dando una sensación de “corrupción dentro del Icbf”.
Por su lado, el diputado Blas Quintero también se pronunció y dijo que es muy preocupante lo que se está presentando, ya que “el Bienestar Familiar no ha sido la institución más incluyente y expresiva aquí en La Guajira”.
A su turno, la líder wayuú, Matilde López, rechazó las palabras del director del Icbf, diciendo que ellos como comunidad “de ninguna manera” lo retuvieron o secuestraron. “Nos extraña que diga que los malos somos nosotros, así que rechazamos rotundamente sus acusaciones”.
Además, aseveró que la Defensoría del Pueblo se encargó de hacerles acompañamiento, y que estos funcionarios le enviaron un mensaje al director, diciéndole que “si él tenía las intenciones de salir, ellos estaban ahí para garantizarle su seguridad”.
Y dijo que ellos como comunidad wayuú lo que quieren es que presenten el listado de los operadores preseleccionados para escoger al mejor para los niños. “Igualmente, esperamos que la directora Nacional se pronuncie al respecto, porque nosotros no queremos que nos mande nuevamente el operador que tenemos”.
Por último, la líder wayuú indicó que la comunidad lo que exige es que el menú sea más nutrido y de mayor cantidad, porque “con una libra de arroz están comiendo 23 niños y esto se ha vuelto una situación difícil, porque los menores quedan con hambre”.
