La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad solicitaron al defensor del Pueblo realizar un diagnóstico con recomendaciones a las entidades competentes sobre los ataques a líderes y lideresas sociales y asesinato a excombatientes de las Farc-EP, para frenar el incremento de violencia denunciado por las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los miembros del Sistema Integral pretenden que este informe contribuya a la prevención de otros asesinatos y hechos victimizantes a las poblaciones vulnerables del país, lo que repercute en la garantía de acceso a la justicia que el Estado en su conjunto debe ofrecer.
Particularmente, se aspira que la Defensoría del Pueblo contribuya a que las víctimas del conflicto armado no pierdan la esperanza de encontrar un espacio digno de participación en los distintos componentes del sistema y pueda garantizárseles su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y en especial a la no repetición.
El documento señala que entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2020, 904 líderes y lideresas sociales fueron asesinadas y se han registrado 276 excombatientes asesinados entre el 1º de diciembre de 2016 y el 28 de febrero de 2021, de los cuales 43 ocurrieron en 2017, 66 en 2018, 86 en 2019, 69 en el 2020 y 12 hasta el 28 de febrero de 2021.
