No comulgo utilizar la columna de mis escritos para opinar sobre situaciones, problemas y circunstancias personales. Pero me tocó ser una víctima más, de abusos e irregularidades en administraciones públicas, sobre el cual me voy a referir, porque no sobra comentarla.
El día 15 de enero solicité al Fondo Departamental de Pensiones en uso del derecho de petición, la Indemnización Sustitutiva de Pensión, por vejez. Una vez radicada la solicitud, en cumplimiento de los requisitos legales, admitió el trámite, proyectando el funcionario Luis Carlos Gutiérrez acto administrativo (resolución) motivado con las consideraciones que fundamentan el reconocimiento del derecho y la liquidación del valor de la indemnización a pagar. Luego remitió a la Oficina Jurídica, donde recibió el visto bueno de la jefa de la Secretaría Lilia Romero y del asesor externo Edgar Gómez Ibarra.
El proyecto de resolución avalado por los citados funcionarios fue remitido para el despacho del gobernador encargado Wilson Rojas Vanegas, para la firma de la resolución, de reconocimiento y pago. Después de una semana de espera, me acerco al despacho del gobernador a averiguar el asunto y me responden que eso no se encuentra en el despacho, sino que lo habían enviado para la Oficina de Gobierno, a cargo de Hugo Bandera. Me acerqué donde Bandera, para cerciorarme de que la carpeta se encontraba en la Secretaría de Gobierno. Hugo Bandera me respondió afirmando que ahí está para revisión. Le manifesté que ya las había revisado hacía un mes. Me contestó que era por orden del gobernador (Wilson Rojas). Me despedí y me fui a esperar una semana.
Después me volvió a responder que todavía seguía en revisión. Semana siguiente me informa que la carpeta la tiene J. Azar y que había encontrado inconsistencias en la liquidación. Le dije que los errores e inconsistencias de una liquidación que se originaba de la administración, no podía utilizarse como excusa, para responder la petición, para lo cual la ley establece un término de quince días hábiles.
La liquidación se fundamenta conforme lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1730 de 2001, en cuyo artículo 3 se establecen las formulas para liquidar el valor de las indemnizaciones, sustitutiva de pensión por vejez, de la siguiente forma: I = SBC X SC X PPC; el cual se interpreta de la siguiente manera: SBC = salario base de liquidación. SC = sumas de semanas cotizadas, PPC = promedio ponderado de los porcentajes, sobre los cuales ha cotizado el afiliado, tomándose como base de riesgo de vejez el 45.45.
Los obstáculos alargan los términos del trámite, sin solución alguna, opté por pedirles el favor a muchas personas cercanas al gobernador Wilson Rojas, que le llevaron la razón y le manifestaba que eso lo resolvía, pero hasta ahí. Ocupé hasta su señora, madre doña Denis Vanegas, vecina del barrio Paraíso, quien me aprecia mucho igual que su esposo, padre del exgobernador. La señora Denis le pidió una reunión familiar, el favor que nunca le correspondió. Personalmente también le pedí a Wilson que resolviera, pero me puso a esperar tres trasnochadas, comunicándome en última, que el miércoles Santo, me esperaba a las diez de la mañana para definirme. Cuando llegó la hora, le pregunto a Hugo Bandera, después de posesionar a Texeira Aguilar, secretaria de Educación, por la carpeta mía y este le respondió que esta donde J. Azar y él regresaba el martes; quedando plasmado un vacilón y burlas, lo que me obligó a presentar una acción de tutela, protegiendo el derecho de petición e igualdad.
La tutela correspondió reparto al Juzgado Primeo Civil Municipal fue fallada el día martes 7 de mayo. En mi condición de actor, me notifiqué el día 8 a las cuatro de la tarde, confiado en que ya debía haber sido notificado el Departamento, pero me llevo la sorpresa el día viernes 10 de mayo, cuando fui a averiguar cuándo se cumplían las 48 horas que no la habían notificado al Departamento, cuando esta debe ser inmediata una vez se profiera el fallo. En este caso particular, la notificación se materializó tres días después de fallar. Al Departamento le notificaron el viernes, por mis reclamaciones, las 48 horas se cumplían el domingo, por el término incluyen horas diurnas y nocturnas, días ordinarios y feriados, en el supuesto caso que se eximiera el domingo, se toman horas del día lunes, antes de la hora en que fue notificada. El Departamento intentó notificarme el día 14 de mayo de manera extemporánea, sin que me oficiara una citación formal, para la diligencia administrativa de notificación personal.
Formulé una solicitud de desacato ante el mismo Juzgado, por incumplimiento a lo ordenado en su fallo de tutela en el término de 48 horas; pero este resuelve negarme el desacato. Ante esta circunstancia, ¿para qué sirven las acciones de tutela o los jueces que administran justicia, sino hacen valer y respetar sus propios fallos? Espero que el nuevo gobernador doctor Wilber Hernández Sierra, conjure los abusos y resuelva en debida forma, las peticiones sin obstrucciones, ni retardos, en cumplimiento de los términos legales.