Frente a las oficinas de la corregiduría de Carraipía, un grupo de albañiles protestaron por la forma como se está manejando un proyecto de vivienda de interés social que tiene previsto comenzar en la población.
Denuncian los trabajadores que sienten sus derechos vulnerados, ya que el proyecto de 58 viviendas que se construirán en Carraipía para personas víctimas del conflicto armado, es excluyente con la mano de obra no calificada del corregimiento, ya que al parecer, contrataron en su totalidad a trabajadores venezolanos.
Ante este panorama, los afectados pidieron una explicación al corregidor. “En Carraipía no hay trabajo, no tenemos otra fuente de ingresos y se nos hace injusto que ahora que llega ese proyecto de vivienda se nos niegue la posibilidad de laborar y conseguir algo de ingresos para mejorar la situación en nuestros hogares, que no andan muy bien”, aseguraron.
Por su parte, el corregidor Juan Armando Ochoa Gutiérrez, dijo que está tratando de intermediar para que la empresa sea flexible y reconsidere la situación. Sin embargo, la coordinadora de la Unidad de Víctimas del municipio, Ingrid Bustamante, afirmó la contratación del personal extranjero, y que de lo contrario el proyecto sería trasladado a otro lugar.
Inicialmente, se tiene previsto construir 16 viviendas en la localidad. “Sabemos que es un proyecto de vivienda rural, y que es un proyecto del Banco Agrario y Fiduagraria, y la Unidad de Víctimas solo certificó que los beneficiarios fueran víctima, entonces no entendemos por qué esta funcionaria categóricamente dice que si no dejamos trabajar se llevarán el proyecto para otros lugares, si el dinero no es del municipio, el papel de ella solo fue certificar que los beneficiarios fueran en realidad víctimas”, expresaron los manifestantes.
