A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno nacional se pronunció sobre la posición del relator especial de los derechos humanos y el medio ambiente de la Organización de Naciones Unidas –ONU–, David Boyd, que ayer lunes pidió el cese de las operaciones de la mina Cerrejón por afectaciones al resguardo indígena de Provincial.
Señalan que el documento fue entregado el viernes 25 de septiembre a la Misión Permanente de Colombia ante la ONU en Ginegra, Suiza, pocas antes de su publicación.
“El limitado tiempo, dificulta la posibilidad de preparar y remitir una respuesta suficiente informada sobre los hechos, pues la misma requiere del concurso de varias entidades estatales del nivel nacional y local e incluso del sector empresarial”, dicen.
El Gobierno lamentó que el relator especial llegue a conclusiones sobre la situación, teniendo como fuente la comunicación conjunta de varios procedimientos especiales.
“El 9 de septiembre solicitaron al Gobierno nacional información, en un lapso de 60 días, sobre el impacto de las actividades mineras de Cerrejón. El Estado aún se encuentra dentro del plazo otorgado por los relatores para respondes las inquietudes que fueron planteadas en la Nota Al COL 7/2020 (…) por ello no es admisible que se realicen afirmaciones y recomendaciones en medios de prensa, de manera prematura y sin elementos de juicio suficientes sobre una situación que merece un análisis cuidadoso”.
Por ello insta a los procedimientos especiales a valerse de todas las informaciones a su alcance, incluidas las de carácter oficial, que proporcionará el Estado en el plazo establecido, previo a hacer pronunciamientos que podrían inducir a falsas conclusiones sobre la realidad en el terreno.
