Un informe reservado de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, reveló presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de…
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Un informe reservado de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y conocido por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, reveló presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro. Entre los señalamientos figuran posibles labores de vigilancia a expresidentes, intentos de interferir en procesos electorales, contratos cuestionados y ataques informáticos contra entidades estatales.
El documento cobró relevancia tras la captura de Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la DNI, detenido el pasado 6 de noviembre en Neiva por efectivos del Gaula Militar, en medio de investigaciones por presuntos delitos informáticos y accesos irregulares a sistemas de entidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Presunta vigilancia a expresidentes
Uno de los señalamientos está relacionado con el decreto 0563 del 3 de junio de 2026, que habría facultado a la DNI para participar en la distribución de vehículos destinados a los esquemas de protección de antiguos mandatarios. Según el informe, la medida carecería de sustento técnico y podría facilitar actividades de seguimiento. El exconsejero de Seguridad Nacional Juan Carlos Restrepo advirtió que intervenir estos automotores mediante cámaras, micrófonos o dispositivos de rastreo excedería las competencias legales de la entidad.
Contratos y fallas administrativas
El expediente también menciona una presunta sede clandestina de inteligencia cerca de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, que habría sido desocupada después de las elecciones, así como dispositivos tecnológicos con posibles códigos maliciosos entregados a agentes tras una capacitación en Rusia en 2025.
Entre los contratos cuestionados aparece la compra de un helicóptero no tripulado por 9.000 millones de pesos, que habría presentado fallas en sus sistemas de comunicación, combustible, transmisión y motor. El equipo sufrió un accidente el 15 de marzo de 2026 y contaba con una póliza de apenas 900 millones de pesos.
La Contraloría General también revisa contratos de la DNI por 20.783 millones de pesos, relacionados, entre otros asuntos, con la adquisición de camionetas y sistemas antidrones para la Casa de Nariño. A esto se suman cuestionamientos por computadores con problemas de calidad, un sistema biométrico incompatible y retrasos en obras de las oficinas de Funza.
Investigación por presuntos ciberataques
En cuanto a Carlos Andrés Oyola Tovar, el informe lo señala de participar en vulneraciones a sistemas informáticos estatales y de presuntamente liderar una red que habría intentado alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio de 2026 mediante ataques contra la Registraduría, con operaciones que se habrían coordinado desde Madrid, España.
El ingeniero tenía una orden de captura vigente desde el 7 de mayo y habría evadido un allanamiento de la Fiscalía en una vivienda que presuntamente funcionaba como fachada de la DNI, horas antes de la primera vuelta presidencial. También aparece vinculado a investigaciones por presuntas irregularidades en los sistemas de la UNAD, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
Según Noticias Caracol, pese a las advertencias internas sobre su situación, Oyola fue trasladado al grupo de tecnología y todavía figuraba como funcionario activo al momento de su captura.
Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y establecer posibles responsabilidades penales. Entretanto, el medio aseguró que consultó a varios expresidentes, a los dos últimos directores de la DNI durante el gobierno Petro y a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, sin obtener respuestas oficiales.
Los señalamientos hacen parte de investigaciones en curso y no constituyen, por sí solos, una declaración de responsabilidad penal.
