La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las FARC-EP por su presunta responsabilidad en…
Ya leíste tus notas gratis. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para seguir leyendo sin límite.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de los extintos bloques Magdalena Medio y Caribe de las FARC-EP por su presunta responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), cometidas durante el conflicto armado en distintas regiones del norte y nororiente de Colombia.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad, luego de una investigación dirigida por el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre Ripoll, correlatora del Caso 10, que examina delitos no amnistiables atribuidos a la antigua guerrilla y que no habían sido abordados en otros procesos de la justicia transicional.
Entre los comparecientes señalados como máximos responsables figuran dos antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC-EP: Rodrigo Londoño, conocido como alias ‘Timochenko’ o ‘Timoleón Jiménez’, y Pastor Lisandro Alape Lascarro, alias ‘Pastor Alape’. A ellos se suman nueve excomandantes regionales que ejercieron funciones de dirección dentro de las estructuras investigadas.
Por el Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, alias ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, alias ‘Alberto Cancharina’, y Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.
En cuanto al Bloque Caribe, la decisión cobija a Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’; Osmany Landero Fajardo, alias ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo David, alias ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, alias ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, y Héctor Enrique Hernández López, alias ‘Fabio Borges’. De este grupo, únicamente Oviedo había sido capturado por la justicia ordinaria antes de la firma del Acuerdo de Paz.
Graves crímenes cometidos contra la población civil
De acuerdo con las conclusiones de la JEP, los antiguos mandos guerrilleros deberán responder por crímenes de guerra relacionados con homicidios, desplazamientos forzados, ataques deliberados contra civiles, destrucción y apropiación de bienes, así como agresiones contra instalaciones protegidas por el DIH, entre ellas hospitales, instituciones educativas y lugares de culto.
La imputación también comprende asesinatos y lesiones cometidos mediante engaños, torturas, tratos crueles, violaciones y otras formas de violencia sexual.
En relación con los crímenes de lesa humanidad, la Jurisdicción identificó conductas como asesinato, desaparición forzada, traslado forzoso de comunidades, tortura, violencia sexual y otros actos inhumanos. Debido a su gravedad, estas conductas están excluidas de los beneficios de amnistía.
La investigación permitió establecer que numerosos hechos permanecieron durante décadas sin una respuesta judicial efectiva. Según la JEP, las condiciones de violencia en los territorios obstaculizaron el trabajo de fiscales y jueces, quienes enfrentaron amenazas, persecuciones e incluso asesinatos.
Las cifras recopiladas evidencian la magnitud de la impunidad: en las regiones del Caribe y Magdalena Medio, los casos de desplazamiento y desaparición forzada alcanzaron un 100 % de impunidad. Además, más del 95 % de los procesos iniciados a partir de denuncias no llegaron a juicio y más del 72 % de las investigaciones permanecieron en la fase preliminar.
Investigación abarcó territorios del Caribe y Magdalena Medio
La JEP examinó las actuaciones del Bloque Magdalena Medio en Santander, Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, el sur de Bolívar, el sur del Cesar, el noroccidente de Boyacá y diferentes zonas de Antioquia, entre ellas el nordeste, Bajo Cauca y Magdalena Medio antioqueño.
Por su parte, el Bloque Caribe, denominado también Bloque Martín Caballero, tuvo presencia en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre. Sus operaciones se concentraron especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, los Montes de María y La Mojana.
Para reconstruir los hechos, la Sala de Reconocimiento analizó los testimonios y las acreditaciones de 733 víctimas, entre ellas campesinos, ganaderos, jornaleros, docentes, comerciantes, dirigentes comunitarios y autoridades locales.
También participaron integrantes de comunidades afrodescendientes y de los pueblos indígenas Barí, Kankuamo, Zenú, Wiwa y Wayuu, además de miembros de la Fuerza Pública que sufrieron crímenes de guerra.
El proceso incorporó 72 informes presentados por víctimas y organizaciones defensoras de derechos humanos, 15 versiones colectivas y nueve individuales de antiguos integrantes de las FARC-EP, así como 1.859 denuncias registradas por la Fiscalía General de la Nación.
A este material se sumaron investigaciones del Centro Nacional de Memoria Histórica, documentos de la Comisión de la Verdad y elementos probatorios recopilados en otros macrocasos de la JEP.
Atentados, tomas guerrilleras y masacres entre los hechos documentados
Entre los episodios examinados se encuentran la incursión guerrillera en Chalán, Sucre, y el atentado perpetrado mediante un ‘burro bomba’ en ese mismo municipio durante 1996.
La investigación también documentó el ataque contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, ocurrido en Barranquilla en 2002, y diversas masacres registradas en sectores rurales del país.
Uno de los casos incluidos corresponde a la masacre de la finca La Duquesa, perpetrada en 2004 en Tibú, Norte de Santander, dentro de la región del Catatumbo.
Estos acontecimientos forman parte del conjunto de hechos que la justicia transicional busca esclarecer para determinar las responsabilidades de quienes dirigieron las estructuras armadas y reconocer las afectaciones ocasionadas a las comunidades.
Más de 4.600 víctimas acreditadas en el Caso 10
La nueva decisión constituye el tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas emitido dentro del Caso 10, proceso que registra 4.647 víctimas acreditadas en todo el territorio nacional.
Las decisiones anteriores estuvieron dirigidas contra antiguos integrantes de los bloques Oriental y Sur, así como del Comando Conjunto Central de las FARC-EP.
Adicionalmente, el auto contempla una imputación conjunta con el Subcaso 01 del Caso 11, que investiga las violencias sexuales, reproductivas, de género y motivadas por prejuicios cometidas contra la población civil por integrantes de la antigua organización insurgente.
Con este pronunciamiento, la JEP busca avanzar en el esclarecimiento de hechos que permanecieron sin sanción durante años, establecer responsabilidades individuales y de mando, y contribuir al reconocimiento de las víctimas del conflicto armado colombiano.
