Una decisión judicial busca encaminar soluciones a las deficiencias históricas de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Santa Marta. El Tribunal Administrativo del Magdalena falló…
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Una decisión judicial busca encaminar soluciones a las deficiencias históricas de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Santa Marta. El Tribunal Administrativo del Magdalena falló a favor de las pretensiones de una acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación, mediante sentencia del 30 de septiembre de 2026.
La providencia ordena priorizar la inversión pública y coordinar los instrumentos de planeación territorial para atender las necesidades de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial. Además, ampara derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el equilibrio ecológico, el uso racional de los recursos naturales y la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos.
Entre las disposiciones, el Distrito de Santa Marta, la empresa ESSMAR, el Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación deberán estructurar y ejecutar proyectos para construir las plantas de tratamiento de agua potable El Curval y las de los ríos Toribio y Córdoba, así como estaciones de bombeo de aguas residuales. También tendrán que adelantar estudios para obras de alcantarillado pluvial y evaluar técnicamente la viabilidad de la planta desalinizadora contemplada en el Documento CONPES 4159 de 2025.
La Procuraduría anunció que vigilará el cumplimiento de las órdenes judiciales y defenderá la decisión en caso de que sea objeto de recurso.
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