En operaciones conjuntas, unidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía intervinieron varios puntos donde…
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En operaciones conjuntas, unidades del Ejército Nacional, la Armada de Colombia, la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía intervinieron varios puntos donde presuntamente se desarrollaban actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en los departamentos de Córdoba y Sucre. El operativo dejó ocho personas capturadas en flagrancia y la incautación e inmovilización de maquinaria y equipos.
Una de las intervenciones se llevó a cabo en el corregimiento Volador, en el municipio de Tierralta, Córdoba. Allí, las autoridades identificaron seis unidades de producción minera que, según las investigaciones preliminares, estarían relacionadas con las economías ilegales de la subestructura Javier Yepes Cantero del Clan del Golfo. Durante el procedimiento fueron destruidos de manera controlada dos equipos conocidos como dragones y cuatro dragas tipo buzo. Además, se incautaron tres motobombas y fueron capturadas dos personas. Según el reporte oficial, estas serían las primeras unidades de producción minera de este tipo identificadas en el río Sinú.
La segunda operación se desarrolló en el municipio de Morroa, Sucre, donde fueron detenidas otras seis personas y se inmovilizaron dos unidades de maquinaria amarilla que presuntamente también estarían vinculadas con la explotación minera ilegal al servicio del Clan del Golfo.
De acuerdo con el Ejército Nacional, las acciones representan una afectación económica estimada en 502 millones de pesos, correspondiente al valor de la maquinaria y los equipos intervenidos. Asimismo, se calcula que la operación reduce una capacidad de producción diaria equivalente a 265 millones de pesos, lo que debilitaría las finanzas ilícitas de esta organización criminal.
Las ocho personas capturadas y los elementos incautados e inmovilizados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los respectivos procesos judiciales.
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