El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella puso a consideración un borrador de decreto que plantea modificaciones a las reglas para el desarrollo y manejo de las…
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El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella puso a consideración un borrador de decreto que plantea modificaciones a las reglas para el desarrollo y manejo de las manifestaciones públicas en Colombia. El documento, elaborado por el Ministerio del Interior, contempla nuevos criterios para la actuación de la Fuerza Pública y permanecerá abierto a comentarios hasta el próximo 4 de octubre.
La propuesta conserva como principio la presunción de que las manifestaciones son pacíficas y mantiene la protección del derecho a la protesta. Sin embargo, establece escenarios específicos en los que las autoridades podrían intervenir sin necesidad de completar previamente todas las etapas de diálogo y mediación.
Entre las situaciones contempladas están el porte o uso de armas de fuego o blancas, explosivos o elementos incendiarios, la retención de personas, ataques contra terceros, servidores públicos, uniformados, personal médico o periodistas, así como daños a infraestructura pública o privada. En estos casos, la intervención estaría dirigida contra quienes participen en esas conductas, mientras los espacios de diálogo podrían continuar con los demás manifestantes.
Otro de los cambios planteados establece que la Policía Nacional deberá disponer de un dispositivo de acompañamiento ubicado a una distancia mínima de cuatro metros de los participantes. Según el proyecto, esta medida busca proteger tanto a quienes participan en las movilizaciones como a las personas que no hacen parte de ellas.
El borrador también incorpora el principio de “equilibrio constitucional”, mediante el cual el derecho a la manifestación deberá armonizarse con otros derechos como la vida, la salud, la movilidad, el trabajo, la educación, la seguridad y la prestación de servicios públicos esenciales.
Además, se propone ampliar la participación en las mesas de conversación. A estos espacios se sumarían representantes de gremios económicos y delegados de las Juntas de Acción Comunal, con el objetivo de abordar las afectaciones que puedan generar las movilizaciones sobre las actividades productivas y las comunidades.
La propuesta también contempla modificaciones al funcionamiento de los Puestos de Mando Unificado y un sistema de alertas para anticipar posibles conflictos sociales. El proyecto aún no constituye un decreto definitivo y se encuentra en etapa de comentarios.
