Fui alcalde de Fonseca y debo reconocerlo: tampoco pude resolver integralmente el problema del espacio público. No escribo desde la comodidad de quien nunca tuvo que decidir, sino desde la experiencia de haber sentido en el propio escritorio la presión de la Ley, la necesidad de la gente y ese cálculo político que siempre acompaña estas medidas.
Durante mi Administración enfrentamos la situación del antiguo mercado público. En ese lote permanecían personas que no pagaban canon y trabajaban en condiciones de salubridad inaceptables. Adelantamos una diligencia de lanzamiento, las reubicamos y recuperamos el inmueble, donde hoy funciona un supermercado Olímpica.
Fue una decisión necesaria e impopular. Resolvimos una situación puntual, no el problema integral. Recuperar un lote no es ordenar una ciudad; la ocupación fácilmente reaparece en otra calle o andén donde la necesidad encuentra espacio y la Administración guarda silencio.
Esta es de esas decisiones que la ciudadanía reclama a gritos… hasta que el alcalde intenta tomarlas. El ciudadano exige andenes libres, parques limpios y movilidad. Pero tan pronto comienza el operativo, surge la pregunta: “¿Y por qué no los dejan trabajar?”. Es ahí cuando el gobernante comprende que administrar es más difícil que prometer en campaña.
Constitucionalmente, enfrentamos una colisión de intereses. El artículo 25 de la Carta Magna consagra el trabajo como derecho y obligación social, mientras el artículo 82 ordena proteger la integridad del espacio público y velar por que el uso común prevalezca sobre el interés particular. La solución nunca es eliminar un derecho, sino armonizarlos bajo el principio de proporcionalidad.
A esto se suma que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Dicho en román paladino: nadie adquiere la propiedad de una acera por haberla ocupado irregularmente durante años.
Aquí es donde se invoca la confianza legítima, a veces confundida con una escritura pública sobre el andén. No lo es. La jurisprudencia señala que protege a quien organizó su vida económica confiando de buena fe en permisos o en la tolerancia prolongada de la Administración. Si el municipio consiente una actividad por años, no puede llegar de la noche a la mañana a dejar a una familia sin sustento.
Sin embargo, la confianza legítima no es un cheque en blanco que legalice cualquier ocupación. Exige buena fe y actos atribuibles al Estado; su fin es blindar al ciudadano frente a cambios abruptos, mas no conceder un derecho perpetuo sobre los bienes de todos.
Bajo los parámetros de la Corte Constitucional, toda recuperación debe garantizar el debido proceso, estudiar la vulnerabilidad y ofrecer alternativas reales de reubicación o formalización. La palabra clave es ‘alternativas’. Trasladar al vendedor a un rincón donde nadie transita no resuelve nada; una opción que impide la subsistencia es apenas un desalojo disfrazado de política social.
El debate también exige rigor técnico. Contar con Cámara de Comercio, RUT y facturación electrónica no autoriza a sacar mesas, vitrinas o mercancías hasta obligar al peatón a caminar por la calle. Hay comerciantes que pagan impuestos intramuros, pero se apropian impunemente del espacio exterior. La informalidad no siempre usa carretilla; a veces también se viste con aire acondicionado.
A ello se añade la salubridad. Preparar alimentos sin la infraestructura adecuada de agua potable, manejo de residuos o cadena de frío representa un riesgo biológico inminente. Proteger el trabajo no exime al Estado de velar por la salud colectiva.
El nudo gordiano radica en la contabilidad electoral de algunos gobernantes: el primer año organizan el despacho; el segundo proyectan acciones; el tercero evalúan el costo político; y el cuarto concluyen que lo prudente es no disgustar a nadie. Termina el período y el único habitante inamovible es el puesto de empanadas sobre el andén.
Estas decisiones deben estructurarse desde el primer día. No para repartir garrote, sino porque ordenar una ciudad demanda tiempo para censar, dialogar, formalizar y controlar. Asimismo, la autoridad debe diferenciar al vendedor vulnerable de subsistencia, al ocupante reciente y al comerciante formal que invade lo público. Tratarlos a todos bajo el mismo rasero es una injusticia.
No escribo desde la soberbia; me incluyo en la reflexión y asumo mi cuota de responsabilidad. Sé que detrás de cada puesto hay una familia que sufre, pero también que detrás de cada andén obstruido hay un peatón desplazado, una persona con discapacidad imposibilitada para transitar, o una ciudad que renuncia a su planeación.
Un operativo policial puede despejar una calle de manera temporal, pero solo una política pública sostenida es capaz de ordenar una ciudad. La autoridad que actúa exclusivamente cuando no cuesta votos deja de ser autoridad para convertirse en cálculo electoral. Y la tolerancia que hoy se disfraza de popularidad, mañana es un desorden que nadie sabe cómo resolver.
