Las condiciones de acceso a agua potable, salud y alimentación de las comunidades wayuu en La Guajira son verificadas en territorio por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, en el marco de una inspección judicial que comenzó el pasado 26 de agosto.
La diligencia busca establecer el nivel de cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-302 de 2017, que declaró la vulneración de los derechos fundamentales de la población infantil wayuu. La comisión está integrada por los magistrados auxiliares Hugo Escobar Fernández de Castro, Carolina Murillo y Sebastián Rubiano-Groot.
Durante el recorrido fueron visitados puntos críticos de Riohacha y Uribia. En materia de agua, la inspección incluyó el resguardo indígena wayuu de Perratpu, la comunidad de Romonero y los corregimientos de Jojoncito y Carrizal.
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En Jojoncito, la comisión encontró signos de contaminación en la fuente utilizada para el consumo humano, con posible presencia de heces de animales de corral y microalgas que dan una tonalidad verdosa al agua. Se tomaron muestras para evaluar sus condiciones fisicoquímicas y microbiológicas.
La visita también permitió conocer las dificultades de las comunidades para acceder a servicios de salud. Los habitantes señalaron que algunos centros se encuentran demasiado alejados y que, pese a existir infraestructura en determinados sectores, esta permanece sin funcionamiento.
La comisión contó con el acompañamiento de la viceministra de Agua y Saneamiento Básico, Mónica Saldarriaga, quien presentó propuestas de solución frente a las deficiencias identificadas.
