La senadora del Centro Democrático y excandidata presidencial, Paloma Valencia, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno nacional tras la expedición del Decreto 0765 del 15 de julio de 2026, al considerar que la norma introduce cambios que, a su juicio, comprometen las garantías sobre la propiedad privada en el país.
A través de una publicación en la red social X, la congresista sostuvo que el decreto va más allá de las facultades otorgadas por la ley y aseguró que modifica aspectos esenciales del régimen registral sin la intervención del Congreso. Según explicó, la disposición faculta a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para cancelar gravámenes, realizar la denominada «posesión inmediata» de predios sin que exista entrega material del inmueble y generar efectos registrales con una promesa de compraventa.
En su pronunciamiento, Valencia afirmó que la medida representa una alteración del Estatuto Registral mediante un decreto reglamentario, dejando de lado la actuación de jueces y registradores.
Entre las disposiciones incluidas, el documento ordena que la Superintendencia de Notariado y Registro cree, antes del 25 de julio de 2026, un código registral especial de carácter exclusivamente publicitario, sin efectos sobre la limitación del dominio, destinado a los predios declarados de utilidad pública para fines de reforma agraria y administración anticipada por parte de la ANT.
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Asimismo, establece que la Agencia Nacional de Tierras podrá solicitar la inscripción de dicho código en los inmuebles declarados de utilidad pública o sobre aquellos respecto de los cuales exista una promesa de compraventa acompañada del acta de entrega correspondiente. Estas solicitudes podrán tramitarse ante las Unidades Móviles de Registro para la Reforma Agraria o directamente ante el registrador.
Finalmente, Valencia advirtió que, en su criterio, el decreto podría ser declarado ilegal e inconstitucional por el Consejo de Estado. No obstante, manifestó que, mientras ello ocurre, podría generar efectos sobre la propiedad de la tierra difíciles de revertir. Agregó que el país requiere una reforma agraria sustentada en la legalidad, la transparencia y la seguridad jurídica, condiciones que —aseguró— brindan protección tanto a los campesinos como a los propietarios de predios en Colombia.
