La contratación directa se volvió la coartada perfecta. En mi condición de Veedor Ciudadano he intentado seguir el rastro del dinero público: entrar, leer, comparar, entender por qué se escogió a alguien, cuánto costó y qué se recibió a cambio. Ese ejercicio, que debería ser rutinario en una democracia, se ha vuelto una carrera de obstáculos porque la contratación directa se convirtió en el atajo institucional para que la información no circule con la claridad que promete la Ley.
La contratación directa puede tener causales legítimas, pero el problema es cuando se usa como túnel de opacidad. Se firma rápido, se publica tarde o mal, se fragmenta el rastro en anexos imposibles de leer o, peor, se desplaza el objeto del negocio a la subcontratación donde el ciudadano deja de ver. Y ahí, en esa penumbra, florece el ‘contratadero’.
La regla general en Colombia es publicar en el Secop los documentos y actos del proceso de contratación dentro de los tres días siguientes a su expedición. Y la Agencia Nacional de Contratación Pública recuerda que las entidades estatales están obligadas a publicar su actividad contractual en Secop, precisamente porque se ejecutan recursos de los contribuyentes y la ciudadanía debe conocer esa información. Pero el diablo vive en el ‘cómo’ y aquí es donde el país tiene que mirar de frente un fenómeno que se salió de las manos: la proliferación de operadores contractuales que, en la práctica, funcionan como intermediarios para ‘mover’ la contratación hacia regímenes menos exigentes, menos visibles o menos competitivos.
No es un debate abstracto. La Ley 80 define como entidades estatales a las sociedades de economía mixta con participación pública superior al 50%. Sin embargo, el diseño institucional permite que algunos esquemas terminen operando como cajas negras: se celebra un convenio, se delega la ejecución, y lo sustantivo se diluye: selección real del ejecutor, trazabilidad del gasto, comparación de ofertas.
Además, los convenios o contratos interadministrativos se tramitan por contratación directa que se convierte en puerta de entrada para una cadena de subcontrataciones sin el mismo foco de publicidad, la competencia se asfixia y el control llega tarde.
Quien crea que esto es paranoia ciudadana debería leer con calma lo que dicen los órganos de control y judiciales cuando actúan preventivamente. Por ejemplo, la Procuraduría puso la lupa al Fondo Mixto Sierra Nevada por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos públicos; y lo que destapó la Fiscalía con la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca). Dos entidades, dos figuras jurídicas distintas, sociedad de economía mixta y asociación de municipios, pero una sola finalidad: fabricar un vehículo legal que permita hacer sin control lo que prohíbe con toda razón la Ley 80.
No estoy condenando sino diciendo que el Estado ya vio humo. Y cuando hay humo en contratación pública, la obligación democrática es despejar el cuarto, no apagar la alarma.
El nuevo Congreso que se instala el próximo 20 de julio debe empezar con una prioridad incómoda, pero impostergable: cerrar la autopista de la opacidad de un escándalo que no puede ignorar.
Debe haber una reforma que haga tres cosas sin ambigüedades:
Primero, que toda contratación con recursos públicos pase por un estándar único y verificable de publicidad efectiva: documentos completos, cronología clara, trazabilidad de subcontratos y responsables.
Segundo, que se endurezcan los límites a la contratación directa cuando se use como ‘puente’ para tercerizar la selección del ejecutor. Si la modalidad es directa, el control y la publicidad deben ser doble, no menor.
Tercero, que las sociedades de economía mixta y operadores análogos que gestionan recursos públicos queden obligados de publicación y rendición de cuentas equivalentes a las de cualquier entidad estatal, conforme al espíritu de la Ley 80.
La Procuraduría, Contraloría y Fiscalía no pueden esperar el escándalo final para llegar al expediente. La corrupción ama los laberintos y hay que derribar el laberinto de raíz: menos discrecionalidad, más competencia, más publicidad, más sanción. Y, sobre todo, más respeto por el ciudadano que paga. El Estado colombiano no tiene un problema de corrupción sino de arquitectura normativa que convierte la corrupción en un negocio perfectamente estructurado.
Y como dijo el filósofo de La Junta: «Se las dejo ahí…”.
