La crisis en la expedición de pasaportes en Colombia se agrava luego de que la Procuraduría General de la Nación detectara fallas e irregularidades en el sistema tecnológico que soporta este servicio, tras una inspección directa en la Cancillería.
El ente de control realizó la visita en medio de constantes quejas ciudadanas por demoras, largas filas y dificultades para obtener el documento, originadas tras la caída del Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (SITAC) el pasado 7 de abril, plataforma clave para la gestión de pasaportes. Durante la revisión se evaluaron aspectos como la infraestructura tecnológica, la operación del sistema y los procesos de actualización y mantenimiento.
Los hallazgos preliminares evidencian “graves incumplimientos” en la modernización de la plataforma, lo que habría afectado directamente la prestación del servicio tanto en Colombia como en consulados en el exterior. A esto se suma que el sistema habría sido blanco de recientes ataques cibernéticos, lo que agravó la interrupción en la expedición de libretas.
Además, ciudadanos y funcionarios advirtieron que no se emitieron avisos previos suficientes, lo que provocó que muchas personas acudieran a consulados sin conocer las limitaciones del servicio.
La Procuraduría también puso bajo la lupa el contrato destinado a fortalecer el SITAC, tras identificar posibles irregularidades en su ejecución, incluyendo dudas sobre la idoneidad del contratista, los pagos realizados y las prórrogas otorgadas. Incluso, se advirtió una eventual falta de acciones por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores para sancionar los incumplimientos detectados.
Por otro lado, desde la Cancillería se indicó que, en el marco de los trabajos de optimización en curso, el sistema podría presentar nuevas suspensiones temporales. “Estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo”, señaló la entidad.
Con la información recopilada, el Ministerio Público iniciará el análisis para establecer responsabilidades disciplinarias y determinar si hubo fallas administrativas o contractuales que desencadenaron la crisis actual.
