El Gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propone cambios profundos en el régimen sancionatorio del sector transporte y sus servicios, incluyendo a las plataformas digitales de movilidad como Uber, DiDi, Cabify e InDrive, que operan con vehículos particulares. La iniciativa fue radicada a finales de enero y ha generado inquietud entre conductores, plataformas y usuarios por el posible impacto de las sanciones propuestas.
De acuerdo con la lectura inicial del proyecto, varios de sus artículos redefinen como “servicio ilegal” los transportes prestados con vehículos particulares a través de aplicaciones, lo que llevaría a sanciones más estrictas, entre ellas multas elevadas por cada viaje y largos periodos de inmovilización de vehículos.
Además, se establecerían atribuciones para suspender la operación de estos servicios sin necesidad de orden judicial previa, lo que ha sido interpretado por gremios como un posible cierre regulatorio del mercado.
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La propuesta también contempla responsabilidades para terceros que permitan la operación de plataformas, como propietarios de vehículos, administradores de conjuntos residenciales y otros, lo que ampliaría el alcance de las sanciones más allá de conductores y empresas.
Frente a la presentación del proyecto, sectores vinculados al transporte digital han advertido que la iniciativa podría afectar directamente a más de un millón de conductores y a millones de usuarios que utilizan estas aplicaciones para su movilidad diaria.
La propuesta de MinTransporte
El proyecto de ley 347 de 2026, impulsado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, propone un endurecimiento del régimen sancionatorio del transporte que redefine los servicios de movilidad intermedidos por plataformas digitales como actividades ilegales si no cumplen con requisitos legales establecidos por el ordenamiento colombiano.
Entre las medidas más controversiales del articulado están las multas por cada evento de transporte irregular, que podrían superar los 4,7 millones de pesos por viaje, y la posibilidad de inmovilizar los vehículos que presten estos servicios sin la habilitación requerida por periodos de 60, 90 o más días según la reiteración de la falta.
La iniciativa también pone sobre la mesa la facultad de las autoridades locales y de la Superintendencia de Transporte para ordenar la suspensión inmediata de servicios de movilidad sin necesidad de una decisión judicial, lo que sectores vinculados a las plataformas han calificado como un cambio radical en las reglas del mercado digital.
Los afectados
Gremios como Alianza In Colombia han advertido que la aprobación de la propuesta podría “acabar” con las plataformas de movilidad tal como operan hoy en día, poniendo en riesgo los ingresos de conductores y reduciendo las opciones de transporte para los usuarios. En Colombia se estima que más de 1,2 millones de cuentas de conductores generan ingresos a través de estas aplicaciones y que decenas de millones de usuarios utilizan estos servicios de forma habitual.
La iniciativa será debatida en el Congreso de la República, donde se anticipa un intenso debate de fondo sobre el futuro de las plataformas digitales de movilidad, la regulación del transporte y las condiciones legales en las que estas aplicaciones puedan operar en el país.
