La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá y a diversas entidades distritales tomar medidas inmediatas para proteger los derechos fundamentales de cerca de 400 integrantes de la comunidad Emberá, actualmente asentados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en la localidad de Kennedy.
La decisión fue adoptada por la Sala Octava de Revisión del alto tribunal, tras resolver una acción de tutela presentada por la Personería de Bogotá. En su fallo, la Corte dispuso que el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y la Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación gestionen en un plazo de 15 días el traslado de las familias indígenas hacia la UPI La Florida.
Asimismo, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) deberá, en un máximo de 24 horas, entregar extintores en la UPI La Rioja, capacitar a la comunidad en su uso y adoptar medidas para mejorar las condiciones sanitarias, especialmente en la gestión de residuos y del agua.
El alto tribunal también ordenó que, en caso de que el traslado a La Florida no sea posible, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá identificar y asignar en un plazo de cinco días un inmueble adecuado para la reubicación de las familias Emberá. Además, la Corte vinculó formalmente a la SAE al proceso constitucional, con el objetivo de garantizar soluciones de alojamiento dignas y estables.
La Corte enfatizó que todas las acciones deben priorizar la protección reforzada de los niños, mujeres gestantes y adultos mayores de la comunidad, quienes requieren especial atención por su situación de vulnerabilidad.
