“Este país se escandaliza cuando uno dice hijueputa, pero no cuando hay niños pidiendo limosna”: Jaime Garzón.
Vivimos en un país hipócrita y de doble moral, donde se designa para cargos públicos a personas de dudosa reputación, incluso con procesos penales en curso. Se nombra a un ministro con antecedentes de adicción a las drogas, a otro conocido por su paso en la industria pornográfica, a uno cuya tesis de maestría fue reprobada y a una joven de viceministra que compró su título de contadora. Eso no escandaliza porque pareciera que en la actualidad, el principal requisito para ocupar un cargo público no es la preparación ni la probidad, sino el prontuario criminal.
Mientras tanto, en el país se desata una tormenta mediática alrededor de una hermosa juez, cuya ‘falta’ ha sido subir a su cuenta personal de Tik-Tok algunos videos donde aparece sonriendo, posando y bailando con gracia y sensualidad. No hay en sus publicaciones un solo gesto que ofenda, que vulnere la moral o que atente contra las buenas costumbres. Simplemente se muestra feliz, disfrutando un pasatiempo que, como muchos, utiliza para distraerse y aliviar el estrés de su exigente labor como funcionaria judicial.
Y sin embargo, la sociedad se escandaliza y la juzgan, las redes la condenan y los moralistas de turno levantan su dedo acusador, como si bailar o sonreír la convirtiera en una jueza menos capaz o menos digna de su cargo.
¿Dónde está el verdadero escándalo? me pregunto. ¿En una mujer que disfruta de su tiempo libre o en quienes pretenden dictar sentencias sobre la vida ajena desde un pedestal de hipocresía? ¿Atentan sus videos contra el decoro del cargo o más bien ponen en evidencia lo retrógrado de ciertos sectores que aún creen que la seriedad profesional es incompatible con la alegría? Como diría un español: “¡Joder!”, qué país este, donde el baile de una juez genera más indignación que los actos de corrupción, las malas decisiones judiciales o la impunidad de tantos casos que sí deberían avergonzarnos.
La jueza Cuarta Penal del Circuito de Florencia, Marianella Cabrera, es una funcionaria judicial ejemplar. Eficiente, dedicada y comprometida con la justicia. Ha demostrado a lo largo de su carrera un desempeño intachable, tanto en la tramitación de procesos como en la transparencia de sus decisiones. Su hoja de vida refleja no solo méritos académicos y profesionales, sino también una profunda historia de superación personal.
Cabrera es víctima del conflicto armado que ha marcado la vida de tantos colombianos. Perdió a su padre y a su hermano a causa de la violencia, y su madre fue desplazada de su tierra. Su esposo, un oficial del Ejército, también fue asesinado. Madre de una hija y pese al dolor y las adversidades que la vida le impuso, Marianella no se rindió. Con esfuerzo, disciplina y una admirable perseverancia logró formarse como abogada y abrirse camino en la carrera judicial, escalando con mérito propio cada peldaño del servicio público. Su desempeño como juez ha sido reconocido por la eficiencia y calidad con que evacúa los procesos. Hasta hoy, su labor nunca ha sido objeto de cuestionamientos éticos ni disciplinarios.
Resulta incomprensible que la Comisión Judicial Disciplinaria del Caquetá haya dado crédito a unos correos electrónicos anónimos para abrir una investigación disciplinaria contra la jueza Marianella Cabrera, cuando los hechos señalados no guardan relación alguna con el ejercicio de su cargo, sino con su esfera estrictamente privada.
Sorprende que un organismo llamado a proteger la dignidad de la función judicial se preste para actuaciones de esta naturaleza, especialmente cuando, desde un inicio, era evidente la falta de fundamento probatorio. Los videos difundidos —que al parecer serían los mismos mencionados en los anónimos— no contienen ningún mensaje impropio ni conducta que afecte la imagen institucional o el cumplimiento de sus deberes.
Lo que realmente se configura aquí es una intromisión en la vida privada de una funcionaria y una vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de Colombia, que garantiza a toda persona la autonomía para decidir sobre su vida sin interferencias arbitrarias.
El uso de denuncias anónimas sin sustento real no solo pone en entredicho la seriedad de los procesos disciplinarios, sino que también envía un mensaje preocupante: en un país donde la corrupción suele pasar inadvertida, se investiga con más rigor a quien simplemente se atreve a ser auténtico.
En tiempos donde la credibilidad de las instituciones y de quienes las representan se encuentra en entredicho, historias como la de la jueza Marianella Cabrera deberían servirnos de ejemplo. En lugar de buscar escándalos donde no los hay, el país debería destacar y proteger a quienes, como ella, honran con su trabajo el verdadero sentido de la justicia.
Una mujer admirable. Una jueza digna. Un símbolo de que la integridad todavía tiene rostro en Colombia. Mi respeto a esta honorable Jueza de la República.
