La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió un proceso formal contra la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, luego de…
Ya leíste tus notas gratis. Inicia sesión o crea una cuenta gratuita para seguir leyendo sin límite.
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico abrió un proceso formal contra la juez Primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, luego de que esta concediera, el pasado 11 de abril de 2025, la libertad condicional al contratista Emilio Tapia, condenado a seis años y cuatro meses de prisión por su responsabilidad en el escándalo de corrupción conocido como Centros Poblados.
Ver esta publicación en Instagram
La actuación disciplinaria busca esclarecer si la decisión de la jueza se ajustó a la normativa vigente, teniendo en cuenta que la Procuraduría General de la Nación interpuso un recurso de apelación al considerar que la medida no cumplía con los requisitos legales.
El Ministerio Público argumentó que la libertad concedida desconoció disposiciones del Código Penal, el Código Penitenciario y Carcelario, la Constitución y la Ley 190 de 1995, que obliga a las entidades estatales afectadas a constituirse como parte civil en procesos de corrupción.
Otro aspecto bajo revisión es la presunta dilación en la resolución de la apelación, lo que, según la Procuraduría, vulneró los controles judiciales establecidos sobre este tipo de decisiones.
El proceso continuará con la recolección de pruebas y declaraciones. De encontrarse méritos, la jueza podría enfrentar sanciones disciplinarias que van desde una amonestación hasta la suspensión o incluso la destitución del cargo.
