La Fiscalía General de la Nación reveló un entramado de corrupción en el sistema judicial de La Guajira, en el que estarían implicadas tres personas acusadas de obtener de manera fraudulenta el cobro de 1.695 títulos judiciales, equivalentes a más de 678 millones de pesos.
Entre los señalados se encuentran Kisay Salas Camargo, secretaria de un juzgado civil de Riohacha; y los abogados Elena Katherine Ruiz Acosta y Heden Amenth Pinto Fuentes. Los tres fueron judicializados por delitos como peculado por apropiación agravado, falsedad ideológica en documento público, uso de documento falso, concierto para delinquir, hurtos por medios informáticos y acceso abusivo a un sistema informático. Ninguno aceptó los cargos.
Según las investigaciones, Salas Camargo habría autorizado, de forma ilícita y aprovechando su acceso a las plataformas judiciales, el desembolso de 529 títulos a personas no autorizadas, sin que presentaran documentación ni vínculo legal con los procesos ejecutivos. Por su parte, Ruiz Acosta y Pinto Fuentes habrían cobrado 1.176 y 519 títulos, respectivamente, entre octubre de 2016 y septiembre de 2024.
Las capturas fueron efectuadas por el CTI en Riohacha y Bogotá. Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para Salas Camargo y Ruiz Acosta, mientras que Pinto Fuentes fue enviado a detención domiciliaria.
La Fiscalía advirtió que este caso se da a conocer por razones de interés general, dado el grave impacto que representa para la transparencia del sistema judicial en la región.
