La Contraloría General de la República reveló este miércoles hallazgos fiscales y administrativos por presuntas irregularidades en el manejo de $3.765 millones provenientes del Sistema General de Participaciones…
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La Contraloría General de la República reveló este miércoles hallazgos fiscales y administrativos por presuntas irregularidades en el manejo de $3.765 millones provenientes del Sistema General de Participaciones y del Fondo Local de Salud, transferidos al departamento del Magdalena durante las vigencias 2023 y 2024.
El informe, resultado de una auditoría de cumplimiento, señala inconsistencias en dos contratos ejecutados por la Gobernación del Magdalena. Uno de los casos más críticos corresponde al contrato CI-776-2023, suscrito con la E.S.E. Hospital Julio Méndez Barreneche, por un valor de $4.362 millones. Este tenía como objeto el desarrollo de acciones en salud pública, pero la Contraloría evidenció que las actividades realizadas no se ajustaron al anexo técnico contractual, sino a un documento alterno sin validez jurídica.
Además, el organismo de control advirtió la ausencia de soporte documental sobre la adquisición, almacenamiento y distribución de insumos valorados en $1.867 millones, entre los que figuran reactivos de laboratorio, equipos biomédicos y materiales para el control de enfermedades. Tampoco se presentaron contratos del personal técnico involucrado ni desagregados de costos por actividad.
En un segundo hallazgo, correspondiente al contrato PS-0991-2024, por $4.930 millones, la Gobernación reportó gastos por $1.898 millones en la compra de equipos biomédicos, adecuaciones de infraestructura y adquisición de aparatos de laboratorio. No obstante, la Contraloría identificó la falta de facturas, registros de ingreso a almacén y reportes de supervisión que respalden dichas inversiones.
“La propia entidad admitió que los equipos fueron instalados directamente sin seguir el procedimiento formal de ingreso a almacén, lo que configura un incumplimiento contractual y evidencia una falla de control sobre bienes adquiridos con recursos públicos”, indicó el ente de control.
La Contraloría adelantará las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades fiscales y disciplinarias a que haya lugar.
