El atentado sicarial contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el barrio Modelia de Bogotá mientras ofrecía un discurso político, ha puesto sobre la mesa las limitaciones del sistema judicial colombiano para menores de edad involucrados en crímenes graves. El presunto autor del ataque, un adolescente de apenas 14 años, fue detenido poco después del hecho y se encuentra actualmente bajo custodia, a la espera de una intervención quirúrgica en un hospital del occidente de la capital.
Aunque el impacto social del ataque ha sido enorme y ha generado manifestaciones masivas de rechazo a la violencia política, desde el punto de vista jurídico el caso se rige por el Código de Infancia y Adolescencia. Este establece que, pese a la gravedad del delito, un menor de entre 14 y 18 años no puede recibir una condena superior a ocho años, y su pena se cumpliría en un centro especializado para adolescentes, no en una cárcel común.
El abogado penalista Francisco Bernate explicó que el proceso legal se desarrolla bajo un modelo de protección y no de castigo, donde lo más importante es la resocialización. Aclaró que, incluso si el menor es hallado culpable del intento de homicidio agravado, no enfrentará penas similares a las de un adulto.
No obstante, otros juristas consideran que este tipo de casos debería llevar a una revisión del enfoque actual. El abogado Iván Cancino fue enfático al afirmar que el joven “no fue instrumentalizado”, y que sabía perfectamente lo que hacía, por lo que debería enfrentar la justicia con mayor severidad. En contraste, Santiago Trespalacios advirtió que, si bien el menor puede ser sancionado, las investigaciones deben apuntar a los responsables intelectuales del hecho. “El foco no puede quedarse solo en el autor material. Debe esclarecerse quiénes están detrás de esta cadena de criminalidad”, sostuvo.
Este debate cobra aún más fuerza al conocerse las primeras versiones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en las que su directora, Astrid Eliana Cáceres, indicó que el joven habría sido utilizado por redes criminales. El hecho de que se trate de un menor de edad en un contexto de violencia política ha encendido las alarmas sobre el uso de adolescentes por parte de estructuras delictivas para ejecutar crímenes de alto impacto, debido a las garantías que les otorga la ley.
La Fiscalía General de la Nación, por su parte, anunció que se está trabajando en varias líneas investigativas, tanto para confirmar la responsabilidad penal del menor como para identificar a los posibles autores intelectuales del ataque. El caso no solo ha reavivado el debate sobre la política criminal frente a menores infractores, sino que también ha generado preocupación por la creciente instrumentalización de niños y adolescentes por parte de bandas delictivas.
Mientras tanto, Miguel Uribe Turbay permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe, y el país entero sigue pendiente tanto de su recuperación como del desarrollo judicial de un caso que podría marcar un precedente en la forma en que Colombia enfrenta los delitos cometidos por menores de edad en contextos de violencia política.
