Un hecho de extrema violencia contra una menor indígena en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, ha causado profunda indignación en el país. La niña, perteneciente a la…
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Un hecho de extrema violencia contra una menor indígena en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, ha causado profunda indignación en el país. La niña, perteneciente a la comunidad Gito Dokabu, fue salvajemente agredida por dos hombres adultos, miembros de su propia etnia, en un acto que quedó registrado en video y circula ampliamente en redes sociales desde el pasado 29 de mayo.
En las imágenes, se observa cómo la menor es golpeada con tallos vegetales hasta quedar inconsciente, mientras otros miembros de la comunidad observan sin intervenir. La violencia desmedida desató el rechazo inmediato de autoridades locales, nacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes advirtieron que ninguna práctica cultural puede justificar el maltrato infantil.
El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, expresó su total rechazo a lo ocurrido, asegurando que “estos actos no pueden escudarse en tradiciones ancestrales y son una violación grave a los derechos humanos, especialmente contra nuestra niñez”.
Tras conocerse el caso, la Secretaría de Salud de Risaralda y la Procuraduría activaron de inmediato el protocolo de protección. La menor fue trasladada al hospital Santa Mónica, donde recibió atención médica, y actualmente se encuentra en un lugar de paso bajo supervisión profesional.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que la niña está viva y que se adelanta un proceso formal de restablecimiento de sus derechos. La entidad desmintió rumores sobre su fallecimiento e informó que se están evaluando medidas de protección permanentes.
La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia también se pronunció, condenando el acto como una “grave vulneración a la integridad física, emocional y espiritual” de la menor. En su comunicado, enfatizaron que la autonomía indígena no puede usarse para justificar la violencia de género.
El caso ha abierto un debate nacional sobre los límites de la justicia indígena y la protección de los derechos fundamentales. Mientras tanto, se espera que las autoridades avancen en la investigación y que los responsables sean sancionados de acuerdo con la ley, sin que esto signifique un irrespeto a la autonomía de las comunidades.
Por ahora, la menor permanece bajo cuidado estatal, mientras el país exige respuestas y acciones contundentes para que hechos como este no se repitan.
