Senador Antonio Correa inicia maratón de tutelas contra foto multas en la región Caribe

El senador Antonio Correa Jiménez ha dado un paso decisivo en su lucha contra la presunta irregularidad en el manejo de las foto multas en la región Caribe, anunciando el inicio de una “maratón de tutelas” contra diversas secretarías de tránsito y alcaldías municipales. Este proceso legal tiene como objetivo cuestionar tanto el cobro de las foto multas como la falta de respuesta a los derechos de petición presentados por el congresista.

Correa, quien ha estado solicitando desde hace tiempo información sobre la ubicación de las cámaras de foto multas, el cumplimiento de los requisitos legales que las respaldan y los montos recaudados por estos mecanismos, denunció que no ha recibido ninguna respuesta dentro de los plazos establecidos por la ley. En su declaración, expresó: “Nos hemos visto en la penosa obligación de acudir a la tutela, ante el silencio administrativo que genera desconfianza y que impide el control ciudadano sobre estos recursos”.

El congresista no solo busca esclarecer estos casos a través de las tutelas, sino que también informó que las mismas serán remitidas con copia a la Procuraduría General de la Nación. Además, señaló que solicitará un control excepcional por parte de la Contraloría General de la República, con el fin de auditar el uso de los recursos obtenidos a través de las foto multas en los últimos cinco años. “Es necesario hacer un control exhaustivo. Necesitamos conocer el impacto económico real y la correcta utilización de los recursos públicos generados por estas sanciones”, subrayó.

Correa también destacó que esta situación podría tener implicaciones más amplias, ya que pronto revelará cifras que demostrarían cuánto se recauda anualmente por concepto de cada foto multa. Aseguró que estas cifras podrían poner al descubierto lo que parece ser un “negocio socio” con recursos públicos, que estaría siendo aprovechado sin la debida transparencia.

La iniciativa ha captado la atención tanto de los ciudadanos como de los medios de comunicación, generando expectativa sobre los posibles resultados. Este proceso podría abrir un debate nacional sobre la legalidad, transparencia y la operación de los sistemas de detección electrónica de infracciones en Colombia, un tema que afecta a millones de conductores en todo el país.