«El Gobierno no asumirá la deuda de $2 billones que la empresa Air-e mantiene con las generadoras»: Minminas

Con desconcierto reaccionaron los gremios del sector energético a las declaraciones del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien anunció que «el Gobierno no asumirá la deuda de $2 billones que la empresa Air-e mantiene con las generadoras». Este compromiso había sido reconocido previamente por su antecesor, Andrés Camacho, pero ahora ha sido descartado por la nueva administración ministerial.

Palma argumentó que dicha deuda corresponde a obligaciones adquiridas antes de la intervención estatal sobre Air-e, compañía que presta el servicio de energía en los departamentos del Magdalena, Atlántico y La Guajira, y por tanto, no es responsabilidad del Gobierno. “Antes de la intervención, los privados que administraban Air-e ya habían acumulado deudas por $2 billones. El presidente ha sido claro: esas deudas no las vamos a pagar”, afirmó.

El ministro, quien fue interventor de Air-e antes de asumir la cartera, también cuestionó las prácticas financieras de los antiguos propietarios de la compañía. Según explicó, estos no solo trasladaron a los usuarios los saldos de la opción tarifaria (una figura implementada durante la pandemia para diferir pagos), sino que utilizaron esa misma deuda como respaldo para adquirir nuevos compromisos financieros. “Esto agravó tanto la situación de la empresa como la de los usuarios”, puntualizó.

La declaración fue hecha en el marco del lanzamiento del proyecto ‘Colombia Solar para Economías Populares’, una iniciativa del Ministerio que busca instalar sistemas solares fotovoltaicos en 1.068 negocios de estratos 1, 2 y 3. La primera etapa, enfocada en la región Caribe, culminó con la instalación de 100 soluciones solares.

Mientras tanto, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) continúa evaluando el estado financiero de Air-e y será la entidad encargada de buscar una salida estructural. Así lo precisó el ministro Palma, reiterando que el Gobierno ya no intervendrá financieramente.

Por su parte, la agente interventora de Air-e, Diana Bustamante, anunció que se eliminará el cobro de la tasa de seguridad en las facturas de energía del Atlántico.

Es de recordar que Air-e, fue intervenida en septiembre de 2023 tras registrar altos índices de pérdidas de energía, principalmente por hurto, situación que desestabilizó sus finanzas. Desde entonces, las generadoras han venido reclamando el pago de obligaciones acumuladas por subsidios, opción tarifaria y deudas de entidades públicas.

Según datos de Asocodis, el pasivo total que el Gobierno mantiene con el sector eléctrico asciende a $7,4 billones con corte a febrero de 2024. José Camilo Manzur, presidente del gremio, confirmó recientemente un nuevo compromiso de pago por parte del Ministerio de Hacienda: “Se destinarán $400.000 millones para todos los sectores. Aunque insuficiente, es un alivio. Además, se agilizará la expedición de certificados por cerca de $1,5 billones, lo que permitirá a las empresas negociar en el mercado financiero y acceder a mayor liquidez”.

El anuncio del ministro Palma marca un giro en la política energética del Ejecutivo y pone sobre la mesa una discusión de fondo sobre las responsabilidades fiscales en los procesos de intervención estatal.