La Contraloría General de la República reveló presuntas irregularidades en la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tras una auditoría que evidenció un posible detrimento patrimonial de $160 mil millones. Estas inconsistencias estarían relacionadas con la adquisición y adjudicación de predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral, en el período comprendido entre 2022 y el 30 de abril de 2024.
Según el informe elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, se encontraron 14 hallazgos administrativos, de los cuales 10 podrían tener incidencia disciplinaria y 6, un presunto impacto fiscal. Debido a las inconsistencias detectadas en la información proporcionada por la ANT, se abrió una indagación preliminar y un proceso administrativo sancionatorio.
Entre los principales hallazgos, el organismo de control identificó la compra de predios con suelos inadecuados para la producción agropecuaria, muchos de ellos con más del 50% de su superficie clasificada como suelo clase VII, lo que contradice la normativa vigente establecida en la Ley 160 de 1994 y el Acuerdo 329 de 2014. Además, algunos terrenos adquiridos presentan humedales en un 30% de su extensión, lo que los hace inapropiados para el desarrollo de proyectos productivos en el marco de la Reforma Rural Integral. En total, las adquisiciones de estos predios cuestionados representan un posible detrimento de $43.306 millones.
Otro aspecto preocupante es la ocupación ilegal de predios comprados por la ANT, lo que, según la Contraloría, responde a una falta de control y custodia adecuada. Esta situación no solo ha generado un detrimento patrimonial estimado en $5.646 millones, sino que también ha afectado a las comunidades campesinas que debían beneficiarse de estos terrenos.
Asimismo, la auditoría reveló importantes retrasos en la entrega de predios a las comunidades campesinas y étnicas, afectando la implementación de proyectos productivos en las zonas rurales. De los 205 predios adquiridos, solo el 18,5% ha sido oficialmente transferido y registrado en el folio de matrícula. En términos de distribución, apenas el 12,2% de los predios han sido entregados a campesinos, el 5,3% a comunidades indígenas y solo el 1% a comunidades negras. Esta falta de celeridad no solo incumple las metas de la Reforma Rural Integral, sino que también genera costos adicionales para la ANT por el mantenimiento de tierras adquiridas, pero no entregadas.
Finalmente, la Contraloría advirtió que estas irregularidades afectan el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz, al tiempo que comprometen el buen uso de los recursos públicos destinados a las poblaciones rurales. En total, el posible detrimento patrimonial en este aspecto asciende a $110.322 millones. Se espera que en los próximos días la ANT se pronuncie sobre las conclusiones de la auditoría y las medidas que tomará para corregir las fallas señaladas.
