La Procuraduría General de la Nación ordenó vincular al exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Sneyder Pinilla Álvarez, a la investigación que se abrió el 8 de abril por las presuntas irregularidades en la compra de 1.000 tanques de reserva de agua para rancherías de La Guajira, que inicialmente aperturó contra el exdirector Olmedo López Martínez.
La Tercera Delegada para la Contratación Estatal sostuvo que tras la revisión de documentos advirtió que el funcionario habría incurrido en irregularidades durante la etapa precontractual y de ejecución del bilateral, para el que adelantó gestiones para la invitación de cotizantes y selección del contratista, y tenía a su cargo la supervisión de la orden de proveeduría.
El Ministerio Público también incluyó en calidad de investigados a Pinilla Álvarez, al exsubdirector general de la Unrgd, Víctor Andrés Meza Galván; y a la vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora S.A., Daniela Andrade Valencia, en el expediente que se abrió el 31 de mayo por los posibles sobrecostos que se pagaron para adquirir tres plantas desalinizadoras por $42 mil millones para La Guajira.
En ese proceso, en el que igualmente está vinculado López Martínez, el ente de control adujo que los dos primeros servidores aparentemente realizaron la convocatoria de cotizantes y selección del contratista, e instruyeron a la fiduciaria para elaborar el negocio jurídico, y en el caso de Andrade Valencia, quien suscribió el contrato como representante de Fiduprevisora S.A., vocera y administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Finalmente, al expediente que se abrió el pasado 31 de mayo contra López y Pinilla por las presuntas irregularidades en el proceso contractual gestionado para el alquiler de 30 carrotanques para el departamento de Córdoba, se vinculó a Meza Galván y al representante legal de la sociedad Proyect ING S.A.S, Nelson Raúl Triana Cárdenas.
La Procuraduría adujo que luego de revisar las pruebas existentes y los documentos allegados existe mérito para que se analice la presunta participación de los dos funcionarios, quienes podrían ver comprometida su responsabilidad disciplinaria en los hechos objeto de la investigación.
