La plaza Bolívar de Bogotá ha sido el escenario del plantón realizado por los docentes en el Paro Nacional Permanente por la defensa de la educación pública, el magisterio expreso su posición al hundimiento de un proyecto de ley que vulnera la educación colombiana.
Es preciso resaltar que la discordia de los maestros radica en el texto que pasó a plenaria el pasado 5 de junio, luego de que la Comisión Primera del Senado de la República aprobara, con mayoría absoluta, el proyecto de ley. La bancada de Gobierno en el Congreso decidió aprobar varias de las enmiendas propuestas por la oposición con el fin de que la reforma no se hundiera por falta de tiempo.
El texto que pasó a la plenaria del Senado fue una ponencia unificada y respaldada por todos los partidos políticos. Por su parte, Fecode va en contra de las enmiendas realizadas al proyecto de ley. “Con este ‘consenso’, se minimiza la lucha librada por más de 40 años desde el Movimiento Pedagógico”, dice uno de los comunicados del sindicato de maestros más grande del país.
En principio, la iniciativa de la Ley Estatutaria de la Educación busca garantizar que la educación sea un derecho fundamental, regulándolo desde la primera infancia hasta la educación superior. El objetivo es asegurar que todos los colombianos tengan acceso al sistema y mejorar aspectos como la cobertura, la calidad y la pertinencia.
Las enmiendas que molestan a Fecode son las relacionadas con “bonos dados por el Estado”, que involucran al sector privado con el público; la evaluación docente basada en los resultados de los estudiantes en las pruebas Saber; la creación de más burocracia con la propuesta de inaugurar una Superintendencia de Educación; y la no obligatoriedad de los grados de transición, jardín y prejardín.
Sin embargo, el Gobierno retrocedió sobre las enmiendas y propuso un nuevo texto sin incluir los dos primeros puntos mencionados anteriormente, que eran de los que más molestaban a los maestros, lo que generó descontento en la oposición. De hecho, el senador David Luna de Cambio Radical manifestó que la bancada del Pacto Histórico “rompió el acuerdo por la presión de una parte de Fecode y se atemorizaron de tomar decisiones para mejorar la calidad de la educación a través de la financiación mixta y de la evaluación de los profesores”.
En esencia, necesita tiempo y apoyo, pero parece que es lo que menos tiene. Como se trata de un proyecto de ley estatutaria, que aborda derechos fundamentales, su aprobación requiere el voto positivo de la mayoría absoluta de la corporación que lo discuta.
Para el último debate en la plenaria del Senado, necesita 54 votos si quiere salvarse, esto tendrá que pasar, a más tardar, el miércoles 19 de junio, para que el 20 (último día de la legislatura) se haga la conciliación del texto entre las dos cámaras del Congreso (Senado y Cámara).
El Gobierno estima contar con 20 votos del Pacto Histórico, siete de la Alianza Verde, cinco de Comunes, uno del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (Aico) y uno del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), sumando un total de 34 apoyos. Sin embargo, necesitarían mínimo 20 personas más para que pasara la reforma. No obstante, todas esas cuentas serían innecesarias si el Gobierno decide tumbar el proyecto.
Por su parte el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, indicó que se podría dar marcha atrás a la Ley Estatutaria de la Educación que se debate actualmente en el Congreso.
Expreso además el ministro del Interior que reconoce la complejidad de realizar una reforma educativa sin la participación activa de los profesores del sector público. “No está fácil, es complejo hacer una reforma a la educación sin contar con los profesores. Hoy se hará un esfuerzo en mi oficina, nos reuniremos con Fecode”, afirmó el ministro.
Velasco afirmó a un medio de comunicación nacional que hundir el proyecto de la Ley Estatutaria de la Educación es una posibilidad real: “Es una opción que no se descarta, es una salida política”, señaló.
Sin embargo, el 20 de julio volverían a radicar otra propuesta de reforma a la educación para que se discuta en la tercera legislatura.
