Revisando la cantidad de demandas electorales en contra de los gobernadores y alcaldes del Caribe, encuentro que La Guajira es el Departamento que más demandas electorales se han presentado desde la elección de los mandatarios que comenzaron su periodo el primero de enero de 2024, demandas que van encaminadas a los delitos electorales, doble militancia e inhabilidades en contra de quienes están gobernando, siendo Fonseca, el municipio con mayores procesos en los juzgados y el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira.
Sin inmiscuirme en las causas que dieron origen a la cantidad de demandas en contra del gobernador, de la mayoría de los diputados, de los 15 alcaldes y la mayoría de sus concejales, considero que ese tipo de acciones jurídicas tiene un significado: no hemos aprendido a soportar la derrota, pero más allá de los fallos judiciales, predomina en La Guajira la sed de venganza política, el hambre por el hacer el daño al contradictor y la hartura por generar el caos administrativo que satisfacen a quienes están detrás de este tipo de situaciones que muchas de ellas no prosperan y otras son del máximo cuidado.
A sabiendas que cada accionante tiene una razón y una justificación para gastar su dinero en demandas sin importar los resultados de las mismas, seguimos haciendo fuerza para que La Guajira no retome los senderos de la inestabilidad administrativa que nada favorece para el desarrollo de los municipios y el departamento, pero… ¿Quién pone la plata para demandar una elección? Creemos que el abogado que estudia el caso prepara y hace la demanda, cobra y tiene a alguien que le paga sus honorarios, y si nos ponemos a multiplicar los honorarios por el número de demandas que conocemos, concluimos que los contradictores de los candidatos se gastan una millonada.
Cuando comenzaron a inscribirse los diferentes candidatos a corporaciones públicas, hoy elegidos, dijimos que el aspirante debe tener en cuenta algún pendiente que tenga con los organismos de control, con la doble militancia a la hora de montarse a un escenario o tener una hoja de vida limpia de cualquier tacha, todo con el fin de evitar un desgate al sistema judicial o evitar los traumas que genera que el funcionario elegido deje a un lado sus responsabilidades administrativas para defenderse de las demandas.
Los guajiros necesitamos madurez política, llevando los procesos en paz desde las campañas, simplemente para que los funcionarios no tengan que pasar por el engorroso ente de control y en campaña el candidato debe ser sincero con los pendientes que tenga en su carrera política o con los organismos de control.
Nuestro llamado persiste en que debemos trabajar por la reconciliación política de La Guajira para que aprendamos de los políticos de otras regiones del país quienes no arremeten en contra de los elegidos, solo son enemigos políticos en campaña y cuando eligen rodean al elegido.