Nueve gremios económicos del país, emitieron una carta conjunta dirigida al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, para advertir sobre el impacto negativo del Decreto 1276 de 2023, que adopta medidas para crear un régimen tarifario especial y diferencial en La Guajira.
Andesco, Ser Colombia, Andeg, Acolgen, Naturgas, Andi, Asoenergía, Acce y Asocodis, expresan de manera abierta, las consecuencias que traería, la implementación de las medidas “para ampliar el acceso al servicio de energía eléctrica y preservar los medios de subsistencia de la población a través del rescate de la transición energética con el fin de superar la crisis humanitaria y evitar la extensión de sus efectos en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológico declarado en el departamento de La Guajira”.
“Desde las nueve agremiaciones de energía y gas que suscriben esta comunicación, nos permitimos plantear algunas consideraciones e impactos estimados de la implementación de las medidas establecidas en el Decreto 1276 de 2023”, indica la carta.
En el documento los gremios sostienen que es fundamental la entrada en operación de los proyectos de generación y transmisión de energía en La Guajira, “en tanto estos permitirán no solo la ampliación de la oferta y diversificación de la matriz eléctrica del país, sino también el mantenimiento y creación de nuevos empleos en la región, la intensificación de las transacciones comerciales sucedáneas a los proyectos que generan riqueza para todos los habitantes”.
Los gremios hacen referencia a los retrasos respecto a la fecha inicialmente planteada para la entrada de operación.
“Observamos con gran preocupación que las medidas definidas en dicho cuerpo normativo (el Decreto 1276) no son conexas ni tienden a resolver las causas que llevaron a declarar la emergencia económica, social y ecológica”, se lee en el documento.
Las agremiaciones argumentan cuatro puntos de impacto en donde piden al Ministerio de Minas y Energía tomar medidas.
Se trata de la suspensión de contratos de energía; la subasta del cargo por confiabilidad; el aporte al departamento de La Guajira por parte de estratos cuatro, cinco y seis; y las transferencias del sector eléctrico y los proyectos Fncer.
En lo relacionado al cargo por confiabilidad, los gremios aseguran que “se están realizando cambios estructurales al mercado de energía que afectarán a los usuarios en el largo plazo, con injerencias en la libre competencia en la oferta, la formalización eficiente de los precios, la seguridad jurídica de los prestadores y la confianza de los inversionistas”.
