En plena sesión de la Comisión Tercera del Concejo de Barranquilla, un sujeto que se identificó como integrante del Clan del Golfo extorsionó y amenazó vía telefónica al concejal José Trocha.
El cabildante alcanzó a poner en alta voz la llamada, la cual fue escuchada bajo la mirada atónita de sus compañeros.
“O paga o se muere su hijo acá en la zona. Señor concejal, o paga o se muere su hijo (…) Le vamos a matar a toda su familia”, dice el interlocutor con acento del interior del país, quien le pidió $5 millones a cambio de no atentar contra su familia.
Además, le mencionó que tenían conocimiento de “un pequeño emprendimiento” de uno de sus hijos, refiriéndose a una peluquería en el barrio Villa Olímpica, municipio de Galapa, Atlántico.
Según Trocha, “él hizo la inscripción en la Cámara de Comercio como persona natural y de ahí en esa inscripción quedaron registrados sus datos, esa es una fuente que se ha vuelto cotidiana para estos delincuentes».
La Personería de Barranquilla exigió a las autoridades competentes medidas de protección para el concejal José Trocha y otros cabildantes que también han recibido amenazas.
«Rechazamos todo acto de violencia y amenazas contra los concejales del Distrito y exigimos, como garantes de Derechos Humanos, todas las garantías para su protección por parte del Estado» indicó la Personería en su Twitter.
El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla le informó al concejal Trocha «que era una llamada de extorsión carcelaria, y eso nos pone a pensar sobre el papel del Inpec».
«El Inpec es una entidad que es ineficiente, incompetente, no es capaz de hacer un control efectivo en los centros de reclusión y terminan sindicados y condenados atormentando a los que se dedican a una actividad comercial», sostuvo.
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