La acción de tutela que cursa en el Consejo de Estado y que busca que la Presidencia de la República designe un gobernador para La Guajira de los ternados Isaac José María Carrillo Parodi, María Estela Peñaloza Ovalle y Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, tuvo repuesta de los accionados y de la mayoría de los intervinientes.
Unos solicitaron que niegue las pretensiones de la demanda y otros que se ordene cumplir al presidente Gustavo Petro lo solicitado por Jean Pablo Salinas Acosta y Yissely Yaneth Lopesierra Orozco.
La primera en responderle al Consejo de Estado fue María Juliana Obando Asaf, apoderada del presidente de la República, quien solicitó respetuosamente que se declare improcedente la acción de tutela con fundamento en los requisitos de procedencia de la misma.
“En consecuencia solicito desvincule al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o al señor presidente de la República, del presente proceso, cualquiera fuere el sentido de la sentencia, toda vez que no existe ningún hecho u omisión atribuible a esta entidad, y finalmente, solicito niegue las pretensiones de la demanda”, señala.
En ese orden, Luz Yolima Herrera Martínez, jefa de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, al responderle al Consejo de Estado, pidió declarar probada la improcedencia de la acción constitucional de tutela, “por no superar el principio de subsidiariedad”.
“Se sirva desvincular al Ministerio del Interior y/o al señor ministro del Interior de la presente acción cualquiera sea el sentido de la decisión, por la inexistencia de lesión o amenaza a los derechos fundamentales de los accionantes y la ausencia de hecho o responsabilidad atribuible a esta entidad con fundamento en los argumentos facticos y jurídicos expuestos en el titulo precedente”, precisa y cierra diciendo: “Negar las pretensiones de los accionantes por las razones ampliamente expuestas en la presente contestación”
Partidos e intervinientes
Ante el Consejo de Estado se ha recibido las comunicaciones de Jorge Luis Jaraba Díaz, secretario general del Partido de La U y German Córdoba Ordoñez, secretario general y representante legal del Partido Cambio Radical, con conceptos que están de acuerdo que se nieguen las pretensiones de los tutelantes.
En cuanto a los terceros interesados, fueron radicadas las repuestas de Isaac José María Carrillo Parodi y Rafael Enrique Manjarrez Mendoza, mientras que de María Estela Peñaloza Ovalle, hasta el cierre de esta edición no se conoció la radicación de su repuesta.
“Coadyuvo la solicitud de amparo constitucional y adiciono que no sólo se están vulnerando los derechos fundamentales invocados por los accionantes (…) debo manifestar que genera extrañeza la situación generada por una de las colectividades que la integran al solicitar el retiro de mi nombre de la terna, actuación que no es conforme a derecho”, afirmó Manjarrez.
Asimismo, señaló que presentada la terna por los partidos de la coalición, “no es viable que sólo uno de los partidos pretenda desconocerla o desintegrarla, porque implicaría violación del acuerdo y de los derechos fundamentales en juego”.
Finalmente, el abogado de origen wayuú Armando Pérez Araujo, en calidad de coadyuvante, le pidió al Consejo de Estado no tener en cuenta la terna y que se ordene al presidente designar por decreto, “ya que los partidos deshonraron a los votantes”.
