El Consejo de Estado negó este jueves las pretensiones de una demanda que tenía como propósito anular las normas que establecieron los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para…
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El Consejo de Estado negó este jueves las pretensiones de una demanda que tenía como propósito anular las normas que establecieron los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para realizar fracking.
La decisión fue tomada por la Sección Tercera del CE, la cual desestima los “cargos y pretensiones de nulidad presentadas en contra del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución No. 90341 de 2014, emitidas por el Gobierno nacional”.
En opinión del demandante, dichas normas autorizan, avalan o permiten la técnica de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, incluyendo la técnica de estimulación o fracturamiento hidráulico, en Colombia.
Además, “el accionante sostuvo que estos mandatos representan un riesgo para los recursos naturales y la salud humana, animal y vegetal, en tanto contienen reglas que resultan insuficientes o no idóneos para evitar o mitigar estas consecuencias eventualmente dañinas. A juicio del accionante, ello supone la violación de artículos 79 y 80 de la Constitución Política, así como del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, que impone la aplicación del principio de precaución en materia ambiental”, según reveló el alto tribunal.
En su falle, la Sección Tercera indicó que las normas acusadas corresponden a un reglamento técnico y que su función como juez de legalidad se circunscribe a determinar, con fundamento en las razones jurídicas de la demanda, si este vulnera las normas de mayor jerarquía indicadas por el actor.
Señaló que el principio de precaución no tiene, por regla general, un carácter prohibitivo y paralizante, sino que por el contrario, es un llamado a la acción regulatoria, de manera que “no se concreta en una proscripción a las autoridades para establecer los requisitos técnicos que deben cumplir quienes adelanten determinadas actividades comerciales y que tienen una incidencia ambiental jurídicamente relevante”.
El alto tribunal aclaró que las autoridades administrativas “tienen la potestad y la obligación de seleccionar los medios técnicos y operativos adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias específicas, para lograr el fin legítimamente perseguido, respetando el principio de precaución, que exige que las decisiones sobre tales medios sean razonables y se basen en un adecuado estudio científico de los factores que provocan tales riesgos, y de los legítimos bienes que puedan verse afectados por su materialización.
En conclusión, Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado afirma:
El demandante no demostró que las normas acusadas no satisfagan las exigencias jurídicas del principio de precaución. No probó que sean contrarias, ajenas o irrazonables de cara al conocimiento científico o de la disciplina correspondiente. Tampoco probó que sus reglas sean arbitrarias, inadecuadas o irrazonables para mitigar los riesgos de la actividad regulada.
