La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez.

Este jueves la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, aseguró que Venezuela se ha convertido en una amenaza para Colombia debido al crecimiento del narcotráfico en el vecino país y además acusa al gobierno de Nicolás Maduro de estar cobijando esos negocios ilícitos en su territorio.

"Venezuela se ha convertido desafortunadamente en una amenaza, una amenaza para la seguridad de Colombia, también para la seguridad regional. Vemos como desafortunadamente, al amparo de las autoridades de Venezuela, ha venido floreciendo el negocio del narcotráfico" dijo la alta funcionaria en un video compartido en su cuenta de Twitter.

En la misma grabación, la vicepresidenta denuncia que grupos criminales procedentes de Colombia y otras partes del mundo se mueve libremente por Venezuela sin que las autoridades de ese país intervengan en sus operaciones ilegales.

Además Ramírez le hace un llamado a todos los latinoamericanos para unir "energía, en pedirle a Dios que haya una salida de la dictadura venezolana, una salida pacífica, una salida que permita recuperar la democracia".

Vale recordar que Colombia, al igual que otros países del continente, ya no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y en días pasados el Gobierno Nacional anunció que aplicará sanciones contra los integrantes de la administración chavista.

Este martes el canciller Carlos Holmes Trujillo anunció que Colombia estudia imponer sanciones al Gobierno de Venezuela. Las medidas, acordadas con los países del Grupo de Lima la semana pasada, serían de carácter económico y diplomático y estarían dirigidas principalmente al presidente Nicolás Maduro y a los altos funcionarios de su administración.

"La posición de Colombia es perfectamente clara. Colombia va a actuar de conformidad con los compromisos que tiene y además lo hará dentro de la línea que definió conjuntamente con los otros países miembros del Grupo de Lima, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista de medidas concretas" dijo Trujillo desde el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería en Bogotá.

Entre las sanciones que Colombia le impondría al Gobierno del vecino país estaría prohibir el ingreso de sus funcionarios al territorio nacional, aunque esto solo se dará a conocer oficialmente en los próximos días.

Además el canciller aseguró que las sanciones contempladas no buscan afectar a la población venezolana y descartó cualquier tipo de acción militar para solucionar la crisis política, social y económica que golpea a esa nación suramericana.

Vale la pena recordar que el pasado 4 de enero, 13 de los 14 países que integran el Grupo de Lima decidieron no reconocer a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

Solamente tres permisos se tramitaron ante la sala de Amnistía o indulto de la JEP, que tiene dentro de sus funciones otorgar la salida del país de exintegrantes de las Farc.

El primero en salir de Colombia fue Rodrigo Granda, tuvo permiso desde el pasado 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre. Según la resolución de permiso el motivo de la salida era para asistir a la posesión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el 1 de diciembre de 2018.

El segundo fue para Jorge Ernesto Suárez, hijo del fallecido ‘Mono Jojoy’, para asistir a unas conferencias en Bélgica y España. Su permiso está desde el 23 de diciembre pasado hasta el próximo 10 de enero.

El último permiso otorgado por la JEP, fue para José Roberto Carrasco Pizarro, quien era conocido dentro de las Farc con el alias de  Chile y estuvo al lado del abatido Alfonso Cano y se encargaba de temas de informática y cuidados médicos de los cabecillas y guerrilleros del comando central. Él está fuera del país porque asistirá a unas conferencias de la Fundación Salvador Allende en Chile, se fue el pasado 21 de diciembre y debe regresar a Colombia el 21 de marzo de este año.

La Secretaria Judicial de la JEP, informa a Migración Colombia y al ministerio de Relaciones Exteriores para que estén informados de que su salida del país está debidamente autorizada.

Una vez se vence el plazo que está en la resolución de permiso, se deben presentar personalmente ante la Secretaria Judicial de la Sala de Amnistía o indulto de la JEP, al día siguiente para que quede constancia de su regreso a Colombia.

 

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