Derecho de petición fue presentado a la Presidencia

El abogado Adalberto Redondo, a través de un derecho de petición, solicitó al presidente Juan Manuel Santos que se nombre alcalde encargado  para el Distrito de Riohacha de la terna enviada por el secretario General del Partido Cambio Radical.

En el documento, radicado en el Palacio de Nariño el pasado 6 de septiembre de 2017, el abogado hace un recuento de todo el proceso que se ha surtido desde el mismo momento que se le impuso la medida de aseguramiento al alcalde elegido popularmente, Fabio Velásquez, por presuntas irregularidades en un contrato para la alimentación escolar.

Recordó, también, que se designó a Iseth Tatiana Barros Brito como alcaldesa encargada mientras el partido definía la terna, la cual se entregó previo cumplimiento de todos los requerimientos de ley.

Precisó que los ternados son Gerson Castillo Daza, Alexa Henríquez y Miguel Pugliese.

En ese mismo sentido, el abogado Adalberto Redondo explicó que con  la designación de Iseth Tatiana Barros Brito como alcaldesa de Riohacha se transgredió la Ley 1475 del 2011, porque no pertenece al Partido Cambio Radical ni milita en el Partido de la U.

Asimismo, el jurisconsulto reiteró en el derecho de petición que se debe dar el trámite correspondiente según la normativa vigente.

Agregó además que si pasado los 15 días no recibe respuesta al derecho de petición procederá a una acción de cumplimiento, en el marco de la Ley 1475 del 2011.

Quiere formalizar el servicio de transporte colectivo

Aumentar el cuerpo de agentes de tránsito para ejercer un mayor control en la ciudad, fue uno de los compromisos que asumió la administración de Riohacha con los representantes de las empresas de servicio de transporte público.

Otro de los temas que se analizarán tienen que ver con las restricciones y los debidos controles que se deben realizar para que mejore ostensiblemente la movilidad en la capital guajira.

Los compromisos fueron el resultado de una reunión que la alcaldesa encargada Isseth Tatiana Barros Brito sostuvo con los representantes del servicio de transporte urbano, entre ellos el director del Instram, José Vicente Cotes, con el propósito de analizar la problemática del sector.

 Durante la reunión se plantearon diversas alternativas de solución y se adquirieron unos compromisos por parte de la administración distrital y el gremio de transportadores formales, los cuales serán analizados por las partes. 

“Hicimos un diagnóstico de esta actividad y de cuáles son los problemas que directamente la están afectando. Nos fijamos unas tareas, unos temas de análisis”, sostuvo José Vicente Cotes, director del Instram. 

Por su parte, Kildis Miranda, vocero y asesor de las empresas de Servicio de Transporte Público Urbano, manifestó que “encontramos receptividad por parte de la alcaldesa, notamos que están bien enfocados con respecto a las soluciones que debe dársele a la problemática del transporte de la ciudad. Se plantearon diferentes alternativas que van a ser analizadas y sopesadas por las partes, para comenzar a buscar alternativas definitivas, en el entendido que es una situación compleja que necesita soluciones integrales”.

 Una de las propuestas presentadas por el gremio de transporte de svvervicio público formal y que será analizada por la administración, es la reactivación del sistema de transporte colectivo, que genere alternativas de trabajo y sirva como una alternativa de reconversión para los que prestan este servicio de manera informal. 

Miranda aseguró que actualmente el Distrito cuenta con 21 empresas de servicio de transporte público formal, de las cuales 14 se encuentran operando.

En el ejercicio de control político, el concejal Pablo Fonseca solicitó a la Secretaría General de Riohacha un informe detallado de los contratos de mínima y menor cuantía, licitaciones y convenios realizados durante el año 2017. Además de los celebrados con recursos de regalías desde el 1 de enero de 2016 a la fecha, donde se indique claramente objeto, beneficiarios, valor y  etapa en que se encuentra.

El concejal solicitó también a la Secretaría de Hacienda y Gestión Financiera la ejecución del presupuesto de 2017, así como lo correspondiente al Sistema General de Regalías.

En la proposición se incluyó la entrega del informe detallado sobre la ejecución de contratos en modalidad de comodato de los bienes inmuebles del Distrito, donde se especifique el contratante, interventor, supervisor, objeto, fecha y plazo, garantías o pólizas, CDP y RP, acta de inicio y entrega, de adicionales o modificatorios, de final y de liquidación.

En ese sentido, el cabildante explicó que una de las motivaciones es que la Corporación  no ha recibido ningún informe de lo realizado con las facultades que han otorgado a la administración, por ello es necesario el ejercicio de control político para que la ciudadanía conozca las acciones implementadas hasta el momento.

Aseguró que en estos momentos de crisis que vive la ciudad es importante revisar hacia donde han sido dirigidos los esfuerzos de la administración distrital.

Tras 44 días sin solución al problema de falta de agua en el Resguardo de Provincial, la integrante de la comunidad de Tinajita, María Cristina Figueroa Bouriyú, presentó un derecho de petición ante el despacho del alcalde  del municipio de Barrancas, Jorge Cerchiario Figueroa, con copia al Ministerio del Interior y otras entidades de orden nacional.

Figueroa Bouriyú, quien también es consejera por la Macronorte de Mujeres Indígenas de la Onic, se queja del abandono en el que se encuentran y exige el cumplimiento de la Sentencia 265 del 2015, que obliga al municipio y a Cerrejón a dar agua potable a esa localidad, incluyendo a las comunidades indígenas, ante la ausencia de gestión y omisión del cabildo gobernador, Luis Emiro Guauriyú, representante legal del Resguardo de Provincial. 

“En este contexto de desamparo institucional en el que las garantías constitucionales pasan por el filtro del afecto o defecto de la empresa, quienes exigimos, resistimos o denunciamos, somos arrojados a  las tinieblas del no derecho. La comunidad de Provincial exige respeto y cumplimiento de las normas que nos cobijan a través de la Corte Suprema”, manifestó la trabajadora social.

 


María Cristina Figueroa Bouriyú, trabajadora social que presentó un derecho de petición ante el despacho del alcalde Jorge Cerchiario.

Cabe anotar que la comunidad viene realizando una protesta pacífica con el cierre de la vía a nivel interno, impidiendo el paso de vehículos o  personas de cualquier entidad del municipio. En ella se realizan actividades recreativas y deportivas propias de la etnia wayuú como juegos tradicionales, el baile de la yonna o chichamaya, entre otros.

A esta problemática se suman los problemas de las vías en mal estado, así como el de la salud en menores de edad.

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