Universidad de La Guajira no facturará subsidio de matrícula para el próximo periodo académico

Política
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Continúa la polémica por el nuevo embargo por parte de la Universidad de La Guajira a las cuentas bancarias de la Gobernación, por valor de 9 mil 500 millones de pesos.

Por medio de un comunicado de prensa, el principal centro de estudios superiores de La Guajira dio a conocer que la medida fue tomada debido a que la administración departamental no ha cancelado de manera oportuna los compromisos correspondientes a la Ley 30 de 1992 y las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008.

La Universidad de La Guajira fue enfática al sostener que dichos recursos representan el 34% del rubro destinado al funcionamiento de la institución y que benefician a 14 mil estudiantes del Departamento, gracias a la entrega de subsidios de matrículas.

En la misiva, las directivas de Uniguajira sostienen que han estado en la búsqueda de “las vías de diálogo para plantear alternativas y posibles soluciones, sin encontrar respuesta alguna por parte del Gobierno departamental”, por lo que recurrieron a las acciones judiciales pertinentes para el cobro de los recursos.

Uniguajira también dio a conocer que estará realizando una solicitud a los entes de control, para que acompañen y realicen seguimiento a las acciones de cobro que se adelanten para subsanar este impasse.

“Cabe recordar que reiteradamente el gobierno departamental no presupuesta los recursos para atender las obligaciones concernientes a los recursos de Ley 30 y las ordenanzas para el subsidio de matrícula”, se lee en el documento.

Asimismo, informó que para el próximo año no será facturado el subsidio de matrícula, “de matrícula mientras no exista una garantía bancaria para realizar este proceso. De esta manera evitaríamos contratiempos jurídicos con la Gobernación, hechos que distraen la atención misional de la institución”.

Deuda actual

En el documento dado a conocer por la Universidad de La Guajira, se expone que las acreencias relacionadas con el aporte de la Ley 30 de 1992 en la vigencia 2017 asciende a más de 12 mil millones de pesos, mientras que el saldo pendiente de matrícula de estudiantes beneficiados con el subsidio de matrícula para el segundo semestre de 2015 se acerca a los $900 millones.

Asimismo, la deuda por las matrículas de estudiantes beneficiados con las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008, con relación al primer periodo académico de 2016, se encuentra por el orden de los 4 mil millones de pesos.

Con relación a la matrícula de estudiantes beneficiados con gratuidad en el primer semestre del presente año, la deuda es cercana a los 14 mil millones de pesos, mientras que por el mismo concepto pero en la segunda parte del año, se tipifica en más de $13 mil millones, por lo que el total de la deuda asciende a alrededor de 59 mil millones de pesos.

Respuesta al gobernador

Eyder Rafael Fajardo Cuadrado, presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios –Aspu– Seccional Guajira, volvió a indicarle al gobernador Weildler Guerra que los embargos por parte de la alma máter responden a la falta de voluntad por parte de las administraciones anteriores para presupuestar los pagos correspondientes a la Ley 30 y las ordenanzas 214 de 2007 y 232 de 2008.

Indicó que esta situación ha “traído como consecuencia durante la mayoría de los años de existencia de la universidad, que los docentes ocasionales y catedráticos, que representan el 80% del estamento docente, trabajadores de OPS, administrativos, aseo y servicios generales, vigilancia y conductores, no reciban su salario a tiempo y se acumulen deudas de hasta cerca de un año de salario”.

Fajardo también expuso que estas son dos de las fuentes de financiación de Uniguajira, junto a los recursos que ingresan por concepto de matrículas a estudiantes de posgrado y posgrado, así como las ventas de servicios por proyectos y convenios con instituciones públicas y privadas.

También expuso que la decisión de embargar responde a la presión de la Multiestamentaria, debido a que son “la única alternativa viable a la negligencia del mismo, para que cumpliera su responsabilidad con la Universidad de La Guajira, que además fue creada políticamente como una institución universitaria de orden y responsabilidad departamental”.

Le recordó al mandatario departamental en calidad de encargado que ‘no puede entenderse los embargos como un “Apetito voraz e insaciable de recursos públicos...’, ya que estos son realmente pago de deudas por vía judicial para cancelar salarios a trabajadores de todo nivel profesional y no profesional al interior de la Universidad de La Guajira”.

Expuso que señalar a la Uniguajira como la responsable “que no se tenga agua potable, recursos de niños, la cultura, el deporte y la atención al adulto mayor, se debe considerar un discurso irreflexivo o quizá un exabrupto y desconocimiento de que todo es el resultado  de la corrupción y el despilfarro de nuestros recursos por parte de la clase política regional y nacional”.

 

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