La nueva ley

Editorial
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La sanción de la ley por medio de la cual se expide el nuevo Código General Disciplinario, empezó a generar diferentes interpretaciones en lo que tiene que ver con el artículo 43 que reza sobre las incompatibilidades, toda vez que hace referencia a los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales.

Dice el artículo, que constituyen incompatibilidades para desempeñar cargos públicos, los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y miembros de las Juntas Administradoras Locales en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde el momento de su elección y hasta 12 meses después del vencimiento de su periodo o retiro del servicio: a) intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus organismos; b) actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales, administrativas o jurisdiccionales.

La situación para algunos afecta directamente a los actuales diputados y concejales que estén aspirando a la Gobernación o alcaldías, pues podrían tener serias dificultades de llegar a ser elegidos porque de inmediato llegarían las demandas por quienes creen tener la razón, amen de los intereses políticos que siempre están a la orden del día.

En ese orden de ideas, es conveniente que en el caso de La Guajira, quienes ya están en plena campaña sean juiciosos y eleven las consultas necesarias para no tener que lamentar más tarde una demanda que pueda prosperar.

Deben ser responsables con la ciudadanía y con sus propios electores, porque se trata de una decisión electoral donde se escogerán a quienes gobernarán por un nuevo periodo electoral de cuatro años.

La actual crisis institucional de La Guajira y por la que pasó el Distrito de Riohacha, amerita que quienes hoy ostentan una credencial de diputado y concejal, muestren total responsabilidad frente a esta nueva ley y la responsabilidad que les asiste como servidores públicos, pero especialmente para brindar tranquilidad a los ciudadanos para que puedan ejercer un voto responsable y lejos de cualquier tipo de preocupaciones.

En esta nueva situación es importante verse en otros espejos, es decir, analizar situaciones como la vivida por la exgobernadora Oneida Pinto, quien fue separada del cargo por una demanda electoral en materia de incompatibilidad, que prosperó para aspirar a cargos de elección popular.